Un problema crucial de la política social en América Latina hoy es la escasa proporción de recursos que se destinan a los más pobres, independientemente del financiamiento de que ella disponga. Algunos ejemplos bastan para justificar esta afirmación. Sólo un dólar de cada $ 7.83 gastado en programas sociales llegaba, en 1987, al 20% peor ubicado en la distribución del ingreso, en Chile, país que durante varios años había realizado importantes esfuerzos por focalizar el gasto en ese sector poblacional (HAINDL, BUVINIC e IRARRAZAVAL, 1989). Asimismo, un informe confidencial de un organismo internacional afirmaba, respecto a otra nación de la región, que suprimir todos los programas sociales en ejecución no provocaría cambio alguno en las condiciones de vida del 50% más pobre.Dos razones pueden explicar estos hechos. Una es que la política social ha estado dirigida fundamentalmente a otros grupos sociales; otra, la ineficacia de la institucionalidad vigente, de la forma en que se diseñan y se implementan los programas y las filtraciones que se producen en ellos.En el aspecto institucional conviene recordar que el Estado latinoamericano brinda servicios sociales a través de una red fragmentada, donde es común la duplicación de funciones y servicios, lo que conduce al desperdicio de recursos y a que sólo una porción marginal de los mismos llegue a los beneficiarios. Cálculos realizados para algunos programas han mostrado que la transferencia efectiva no supera el 5% de su presupuesto total, mientras que el resto se destina a gastos burocráticos o se filtra hacia otros grupos.La relación inversión-impacto está mediada por múltiples decisiones. El resultado depende tanto de que se haya realizado una selección adecuada de los beneficiarios (focalización), como de la accesibilidad económica, social y cultural que los presuntos beneficiarios tengan al programa y, asimismo, de que la cantidad y calidad de los bienes y servicios ofertados sean correctas.Un error ampliamente difundido que contribuye a que la relación postulada anteriormente no se dé en la práctica tiene lugar en programas de alimentación escolar en los cuales se proporcionan raciones alimentarias similares a todos los niños de un mismo grupo etario. En realidad, el programa debería proponer intervenciones orientadas a solucionar el problema de la desnutrición que, obviamente, no afecta por igual a todos los alumnos. Si los destinatarios del programa no tienen daño nutricional inicial, el impacto de las raciones consumidas, en el mejor de los casos será nulo; en el peor, conducirá a que los niños terminen presentando problemas de obesidad. Dado que, en general, los recursos están mal asignados puede no haber efectos positivos o, si los hay, ellos seguramente serán menores a los que pudieron alcanzarse de haber concentrado esfuerzos y recursos en los verdaderamente desnutridos.Se incurre asimismo en errores de diseño derivados de no considerar la estrategia de sobrevivencia de las familias. Así, hay casos comprobados en que niños provenientes de familias con n...

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En memoria de Ernesto Cohen El trabajo analiza los Programas de Transferencias en Efectivo Condicionadas (PTEC), que se han difundido en América Latina y el resto del mundo. Destaca sus características básicas, en especial las condicionalidades que deben cumplir los beneficiarios para recibir la transferencia. Se plantean dudas tanto sobre el diseño como respecto del desempeño real que los PTEC pueden lograr, debido, por un lado, a su limitado financiamiento (en relación a la cantidad de pobres) y, por otro, a la escasa calidad de los servicios públicos de educación y salud, cuya utilización pretenden incentivar. Se destaca el hecho de que dichos servicios no dependen en manera alguna de los PTEC, sino de otras instancias gubernamentales (los ministerios respectivos) sobre las cuales los programas carecen de influencia. Existe asimismo el riesgo de que los PTEC sean usados de manera clientelista. Se concluye que sobre tales programas se han colocado expectativas tal vez exageradas, al suponer que por sí solos pueden acabar con la pobreza. De allí el subtítulo: ¿no se estarán pidiendo peras al olmo?

¿Qué hacer para favorecer la equidad en la educación? Tal es la pregunta que guía las reflexiones presentadas en este trabajo. Ellas tienen como propósito generar criterios para asignar los recursos disponibles buscando disminuir las desigualdades existentes en el sector. Ningún sistema educativo es capaz de crear igualdad de conocimientos. La pregunta relevante es si existen políticas educativas que produzcan sistemas capaces de acortar las brechas existentes entre los distintos grupos sociales, potenciando el quantum de capital humano requerido por el desarrollo económico y social. Dado que en este trabajo se ha tomado la asignación de recursos como eje de la concreción de los criterios de equidad, hay dos preguntas relacionadas que se deberían contestar. Primero: ¿cuál es la relación entre magnitud del financiamiento y calidad de la educación? Quizás una cierta meseta de financiamiento es esencial para la calidad, pero una vez alcanzado este nivel no es el factor más importante para alcanzar mejorías adicionales. Segundo: ¿qué estrategias permiten avanzar por el sendero de una mejor calidad y equidad educativa? Los actuales esfuerzos por mejorar la calidad de la educación en América Latina se centran en la búsqueda de maneras eficientes y eficaces de gestionar los recursos disponibles –dinero, personal y conocimiento– para aumentar la equidad en la educación, tratando de reducir las brechas en el desempeño escolar asociadas a las diferencias de estrato socioeconómico, y, en particular, a la transmisión intergeneracional de la pobreza.

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