En algunos países pertenecientes a la tradición del civil law, tales como España, Italia y Chile, sólo recientemente se ha regulado la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Como consecuencia, surgen ciertas obligaciones de autorregulación para las empresas, que se ven fuertemente incentivadas a implementar programas de prevención y detección de delitos para evitar incurrir en responsabilidad por los delitos cometidos por sus agentes. A la luz de este nuevo escenario legal, en una primera parte de este artículo, se analizarán los elementos que debe contener un programa de cumplimiento penal para ser considerado eficaz, de tal forma que su implementación efectiva en la organización permita a la empresa quedar exenta de responsabilidad. En segundo lugar, el análisis se centrará en la cuestión clave de cómo probar la eficacia de tales programas en el proceso penal, esto es, en determinar qué medios de prueba son idóneos a tal fin, quién tiene la carga de probar la vigencia y la eficacia de tales programas en la organización y quién debe sufrir las consecuencias de la falta o la insuficiencia de la prueba.Palabras clave: Programas de cumplimiento eficaces, responsabilidad penal de empresa, proceso penal, medios de prueba, carga de la prueba.
En este trabajo se analizan la necesidad de limitar el principio dispositivo, que rige con fuerza en el proceso civil español, para tutelar de forma efectiva los derechos colectivos o de grupo. Para ello se confrontan dos regulaciones, la contenida en la Ley de enjuiciamiento civil española, carente de un auténtico sistema de acciones colectivas, y la contenida en el Código Modelo de procesos colectivos para Iberoamérica que, consciente de las especificidades de la tutela colectiva, configura un auténtico sistema de tutela judicial colectiva efectiva.
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