Este artículo se propone explorar el desarrollo institucional acerca del dominio del ciberespacio en Colombia y su incidencia sobre las relaciones cívico-militares en el país. Para ello, recurre a un análisis de fuentes primarias y secundarias, con el propósito de definir el ciberespacio y las ciberamenazas que surgen en él, así como describir las relaciones cívico-militares en Colombia y explicar el marco institucional referente a la seguridad y defensa del ciberespacio en el país. En este caso, y en contraste con la tradición del país, se evidencia que la iniciativa surgió del sector civil, lo que promovió una mayor participación de este sector en el campo de la seguridad y defensa. Así, la agenda de ciberseguridad y ciberdefensa puede ser la punta de lanza para replantear las relaciones cívico-militares.
Los derechos de los pueblos indígenas han adquirido una protección multinivel bajo el entendido de que tanto el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) como el derecho interno del Estado colombiano contemplan garantías a sus derechos. El bloque de constitucionalidad, al estar integrado por la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), requiere que la normatividad interna no contravenga las disposiciones de la Convención. Al respecto, la Corte Constitucional de Colombia ha avanzado en el reconocimiento de derechos tanto individuales como colectivos para los pueblos indígenas en Colombia, reconocimiento que, pese a ser de gran importancia, resulta insuficiente porque persisten graves violaciones de los derechos humanos de estos sujetos de especial protección.
La consolidación de la paz en Colombia, tras las negociaciones entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Acuerdo firmado por sus delegados en la Habana Cuba, conlleva a un análisis sobre su implementación y cómo se ha llevado este proceso desde el Estado y desde las FARC, -actualmente establecidas como partido político en el sistema colombiano, con el nombre de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común-. Dicho análisis se hace desde lo descriptivo, efectuado por medio del método de investigación deductiva, que busca determinar las razones jurídicas, que permiten comprender los problemas que ha tenido la implementación del mencionado Acuerdo, especialmente aquellos relacionados con irregularidades en el manejo de recursos, la actuación de una justicia transicional a través de la JEP, los mecanismos de protección a las personas desmovilizadas y a sus familiares, y la participación política encaminada a la materialización de lo pactado en el Acuerdo Final de Paz.
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