El trabajo permite entender el actuar de los administradores de justicia de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, cuando se vean en la obligación de aplicar el principio de reserva de antecedentes penales de los adolescentes infractores y la importancia que conlleva aplicarla desde un análisis oportuno en cuanto a problemas que acarrean ciertas conductas de los adolescentes infractores, como respuestas ante estímulos de su entorno, caracterizado por la inestabilidad emocional, producto de la violencia que la sociedad ejerce sobre él desde el contenido normado, así como desde los diferentes pronunciamientos jurisdiccionales. La garantía de reserva de antecedentes penales de las/los adolescentes en conflicto con la ley penal, se vuelve vulnerable por resolución motivada del juzgador.
El martes 11 de junio 2019 cinco Vocales de la Corte Constitucional de un total de nueve, tomaron una decisión que no les compete, la investigación analiza los condicionamientos legales y los referentes doctrinarios desde una perspectiva crítica, concluyendo la inviabilidad jurídica de la decisión judicial contraviniendo la letra de la constitución.
El problema de este estudio se relaciona con la educación superior y la docencia en universidades ecuatorianas, que se resiste a romper paradigmas establecidos; por ello, las leyes científicas no deben ni pueden tener fin ni término, al igual que el conocimiento impartido al estudiante. Se presenta un esquema para llegar a confirmar el estado de la ley científica que no es otra cosa que una regularidad de la naturaleza que podemos comprobar desde la praxis y verificar empíricamente.
Se ha mantenido en silencio por el temor al estigma de una sociedad injusta frente a un ser humano, que en su actuar contravino la norma y como consecuencia de ello ha sido sancionado con la imposición de una pena privativa de su libertad. El Código Orgánico Integral Penal permite a determinados sentenciados, a que la pena privativa de la libertad que le fuera impuesta sea suspendida de manera condicional, cumpliendo las condiciones legales que le sea impuesta por el juzgador y por un tiempo igual al de la pena impuesta. La suspensión condicional de la pena como figura jurídica, otorga el beneficio de cumplir la pena sin necesidad de que sea coartada la libertad, condicionándola al cumplimiento de determinadas condiciones legales.
Con el retorno a la democracia desde 1979, el principio de la independencia judicial constaba en el artículo 96 indicando: “Los órganos de la función jurisdiccional son independientes en el ejercicio de sus funciones. Ninguna autoridad puede interferir en los asuntos propios de ella”, contradictoriamente en la misma Constitución de 1979 en el artículo 101 dice que “son designados por la Cámara Nacional de Representantes…” que en aquella época duraban seis años en sus funciones; desde el retorno a la democracia hasta el año 2021 demostraré constitucional y legalmente que la función judicial nunca asumió verdaderamente la independencia judicial desde el año 1945, y a los jueces se nombraba a través de la Función Legislativa.
El presente artículo explica el rol del poder punitivo del Estado, los efectos de una sociedad bélica y violenta con respecto a quienes entran en conflicto con la ley y la crisis institucional del país que provoca ansiedad e intolerancia. El ciudadano - delincuente entra en conflicto con la ley y el sistema procesal penal diseñado genera más dudas que certezas acerca de su eficacia. Desde el poder se criminaliza a los excluidos económicamente, que en la extrema pobreza son propensos a caer en las redes del narcotráfico, el crimen organizado, la corrupción y en la praxis se encuentran privados de la libertad, siendo también víctimas de una eliminación sistemática y atroz al interior de los centros de Rehabilitación Social.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.