El Código Orgánico Integral Penal sancionaba el aborto igual que la Corte Constitucional, mediante sentencia No.34-19-IN/21. La investigación tiene como objetivo identificar la falta de conocimiento del derecho de las mujeres víctimas de violencia a acceder a la interrupción del embrazo en el sistema de Salud Pública; para el efecto, se procede analizar fuentes documentales sobre la objeción de conciencia y la interrupción voluntaria del embarazo desarrolladas en las convenciones “Belem do Para” y la “CEDAW, planteándose como posible solución al fenómeno de urgentes reformas al Código Orgánico Integral Penal y la expedición de la Ley que permita el aborto.
En el contexto de la pandemia por la presencia del COVID-19, se presentan decretos ejecutivos, acuerdos ministeriales y protocolos para el manejo de cadáveres, en los que no se contemplan los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas al no permitir la entrega de los cadáveres para sus honras funerarias y posterior sepelio en sus territorios ancestrales. Las actuaciones estatales, ejercida por los funcionarios de la Policía Nacional, Ministerio de Salud Pública, COE, en la aplicación de los protocolos vigentes, obstruyeron los derechos de los pueblos indígenas al reconocimiento de sus costumbres ancestrales y creencias, que en el marco de la emergencia sanitaria, que no debía restringirse de manera absoluta, debiendo haberse aplicado criterios de interculturalidad para que se realicen los rituales funerarios, con las medidas sanitarias, que tiene como objetivo la validación de sus prácticas y costumbres ancestrales.
El presente trabajo analiza la fase de ejecución de la pena, con la finalidad de entender la crisis en los centros carcelarios por el hacinamiento y enfrentamiento del crimen organizado. El objetivo es identificar las deficientes políticas públicas implementadas por el Estado que generaron la precaria situación carcelaria. Para lo anterior se aborda la experimentación directa del fenómeno de la inseguridad y pugna del poder que se verifica en las cárceles ecuatorianas. El análisis de las estadísticas del organismo encargado de la rehabilitación social permitirá establecer el colapso del sistema de rehabilitación, planteándose como posible solución al fenómeno urgentes reformas al Código Orgánico Integral Penal, la mínima intervención penal y la necesidad de indulto de los privados de libertad.
El martes 11 de junio 2019 cinco Vocales de la Corte Constitucional de un total de nueve, tomaron una decisión que no les compete, la investigación analiza los condicionamientos legales y los referentes doctrinarios desde una perspectiva crítica, concluyendo la inviabilidad jurídica de la decisión judicial contraviniendo la letra de la constitución.
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