Se enfatizan tres características del federalismo argentino que conspiran contra la equidad distributiva. En primer lugar, nuestro federalismo y su muy alto malapportionment legislativo producen incentivos para que la agenda distributiva esté dominada por la distribución territorial de los recursos fiscales entre los gobiernos nacional y subnacionales, más que por la distribución interpersonal del ingreso. En segundo lugar, las desigualdades territoriales producidas por la «lotería geológica» (distribución geográfica de los recursos naturales) es reforzada en nuestro país por la asignación del total de las regalías a las (típicamente ricas) provincias productoras. Finalmente, la propia ley de coparticipación manda que algunas provincias ricas reciban niveles mucho más altos de transferencias federales por habitantes que otras mucho más pobres. Estos aspectos regresivos de nuestro federalismo probablemente expliquen en parte que, luego de largos años de gobiernos supuestamente comprometidos con la igualdad socioeconómica, del enorme aumento del tamaño del sector público argentino entre mediados de los 2000 y mediados de la década de 2010, y de la implementación de algunas políticas públicas efectivamente igualadoras, el país llegue a su cuarta década de democracia con un nivel de desigualdad peor que el que tenía al inicio del actual período democrático.