“…El país, que es el segundo más recentralizado de América Latina, no muestra hasta la firma del Acuerdo de Paz ningún instrumento que desconcentre o descentralice tanto el presupuesto como la toma de decisiones. A tal efecto, el punto primero del mismo, con una óptica totalmente municipalizadora, entiende que cualquier atisbo de dividendo de paz exige, previamente, conferir mayor peso decisorio en las políticas públicas a los municipios que se vieron más afectados por la violencia armada (Cairo et al 2018). A su vez, también exige, antes que nada, inversiones importantes en materia de formalización de derechos de propiedad en el uso de la tierra, infraestructura, tejido productivo, gasto público y, en última instancia, productividad y competitividad.…”