“…Existen a nivel internacional y regional, organismos como la UNESCO, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC) entre otras instancias, que influyen en la generación de políticas, motivando a los estados a garantizar la educación como un derecho humano, sugiriendo a las universidades la responsabilidad social de convertirse en agentes activos en el cumplimiento de estas políticas (Fernández, 2013;Fernández & Pérez, 2016;Sinchi & Gómez, 2018). Las universidades deberán examinar su rol, revisar su misión y visión institucional, reevaluar sus funciones sustanciales, reduciendo las barreras que dificultan el aprendizaje, la presencia y la participación de todos los estudiantes, rescatando las competencias que le corresponde como Instituciones de Educación Superior (IES), en la formación de profesionales, respetuosos de la diversidad donde el reconocimiento, la aceptación y el apoyo de las diferencias, sea una constante (Echeita & Navarro, 2014;González, González, Guerrero, & Ríos, 2018). Durante los últimos tiempos, varios son los compromisos asumidos por algunos organismos internacionales para combatir las desigualdades dentro de los países, procurando construir ciudades pacíficas, justas e inclusivas, proteger los derechos humanos, promover la igualdad entre los géneros, buscando el empoderamiento de las mujeres y las niñas en todos los espacios de participación, garantizando una protección del derecho a la educación y creando las condiciones necesarias para un crecimiento económico sostenible e inclusivo (Naciones Unidas, 2015b); sin embargo, en la consecución de estos objetivos la universidad, como parte de su responsabilidad social, tiene una gran tarea pendiente (Fernández, 2013;Aznar & Barrón, 2017;Cotán, 2017).…”