Políticas de convivencia escolar en tiempos de rendición de cuentas

Abstract

Over the past 15 years, Chile has implemented three different educational laws and policies to enhance, promote and develop school climate (SC). However, different logics of understanding and intervening in SC underlie these legal bodies. In order to account for the contradictions and critical nodes of instruments that conform Chile´s SC public policy, we performed a documentary analysis of laws and other key documents. Using content analyses, we identified four critical nodes: contradiction between declaration and measurement of quality of education; explicit arrangements for institutional sanctions, which contrasts with ambiguity about institutional supports; contradictory understandings about SC; and differential treatment for public and private schools. We discuss the possibilities of promoting a democratic SC in a policy environment that is highly oriented by accountability.

Integración, inclusión y justicia social: Reflexiones desde las normativas inclusivas en la educación chilena

“…Sin embargo, investigaciones señalan que, en la política educativa, se ha producido un detrimento de la calidad con equidad mediante la implementación de sistemas de rendición de cuentas de los establecimientos basados en el rendimiento académico de sus estudiantes (Ascorra, Carrasco, López, y Morales, 2019). Sisto (2012) afirma que el trabajo docente se encuentra tensionado por su contribución social en el ámbito de la educación, y el trabajo docente en contextos de implementación de políticas educativas basadas en evaluación e incentivos al desempeño.…”

La judicialización de la convivencia escolar en el marco del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación chileno: El caso de las denuncias escolares

“…En Chile, estos muestran la configuración de un escenario de políticas de abordaje estrecho, que entienden la convivencia como evitación de conflicto, y que favorece la judicialización de las relaciones sociales en la escuela. Para Morales y López (2019c) y Ascorra et al (2019), los efectos de los ambientes de política punitivos refuerzan la visión de estudiantes como potenciales agresores. Los resultados aquí presentados sugieren que esto se lograría mediante mecanismos de hipervigilancia sobre las conductas y actitudes negativas.…”

“…En los países de América Latina, durante la última década se observa un interés creciente hacia políticas de accountability que involucran el área de convivencia escolar por medio de pruebas estandarizadas con consecuencias para las escuelas y sus administradores, y la instalación de dispositivos públicos para denunciar actos de violencia escolar, contra los cuales el Estado se compromete a investigar de manera supervisora PERALES, 2019). Los elementos diferenciales de esta perspectiva son la operacionalización de indicadores para la convivencia, la planificación de metas, la instalación de órganos gestores en las escuelas, así como la supervisión y sanción institucional (ASCORRA et al, 2019;FALABELLA, 2020). En Chile, en lo que se refiere a la violencia y convivencia escolar, en el año 2002 el Ministerio de Educación formuló una Política Nacional sobre Convivencia Escolar.…”

La Segregación Invisible: Prácticas Punitivas y de Ordenamiento Académico en Escuelas Chilenas

“…En las últimas décadas, uno de los desafíos de la política de inclusión escolar ha sido promover acciones y estrategias que desarrollen una gestión transformativa y democrática de los ambientes escolares, en lugar de una gestión punitiva de control comportamental. Lo que en Chile ha resultado contradictorio y ambivalente (Magendzo et al, 2012;Morales, López, Ascorra y Carrasco, 2019), al coexistir estrategias políticas y legislaciones que por un lado, favorecen una aproximación formativa y preventiva en la gestión de conflictos mediante resoluciones pacífica, democrática y participativa; y por otro, una lógica punitiva que establece el control y el castigo como mecanismo para resolver los problemas convivenciales, y que tiene sus bases en las políticas de "Tolerancia Cero" implementadas en Estados Unidos hace más de dos décadas (Calvin, Gurel y Barber, 2017), y que hoy preocupan a la realidad latinoamericana (Lehmann et al, 2020; Morales y López, 2019) Esta segunda lógica supone un creciente uso de prácticas punitivas, definidas como sanciones contra los estudiantes que explícitamente conllevan retirarlos de la sala de clases por un tiempo significativo y que no necesariamente implican diálogo y reparación frente a los problemas escolares (Weaver y Swank, 2020), sino, más bien la exclusión del comportamiento disruptivo mediante la sanción (Campoy, 2019;Marcucci, 2019;Sugai et al, 2000), y en base a una diferenciación arbitraria de los agentes escolares sobre los estudiantes y sus condiciones de ingreso al espacio escolar (Lehmann et al, 2020;Marcucci y Elmesky, 2020;Williams et al, 2020). En Estados Unidos, se ha evidenciado que el nivel de ocurrencia o uso de este tipo de prácticas es más frecuente y está sobrerrepresentado en estudiantes de origen afroamericano (Bell, 2020;Camacho y Krezmien, 2019).…”