Políticas públicas, políticas lingüísticas, políticas de traducciónLos manuales de Ciencia Política suelen enfrentarse con precacución a la dificultad que encierra definir el objecto de estudio de una disciplina relativamente joven, como es el análisis de políticas públicas. Podemos ilustrar ese problema con la siguiente cita, tomada de uno de ellos:Una de las definiciones más al uso es la que dice que una política pública es "el resultado de la actividad de una autoridad investida de poder público y de autoridad gubernamental" (Thoenig y Meny, 1992), mientras otras mantienen que es "un programa proyectado de valores, fines y prácticas" (Laswell y Kaplan, citado por Dye, 1992). La definición más amplia de las que se encuentran en circulación es la formulada por Dye, para quien "política pública es todo aquello que los gobiernos deciden hacer, o no hacer" (Dye, 1992), que supone situar en un mismo plano tanto la acción gubernamental como la inacción, desde la hipótesis de que esta última puede alcanzar un impacto sobre la sociedad tan importante como la primera. (Fernández 1998:432) Desde luego, no pretendemos intentar clarificar aquí una cuestión de ese calado. Sin embargo, y como el concepto al que nos referimos parece importante (si no imprescindible) para fundamentar el tipo de análisis que nos proponemos llevar a cabo, aceptaremos provisionalmente la definición de Dye. Por lo tanto, entendemos por política pública el conjunto de decisiones tomadas por una entidad gubernamental en un área específica, así como -y esto es importante-la ausencia de esas mismas decisiones. Y consideramos, por consiguiente, que es lícito incluir a las políticas lingüísticas entre los hipotéticos tipos de políticas públicas.También queremos recordar ahora que los analistas de políticas públicas juzgan oportuno distinguir, a efectos metodológicos, la definición de los problemas sociales del conjunto de medidas en que esa definición se hará efectiva en la práctica (cfr. Hogwood & Gunn 1991). El primero de esos dos elementos constituye un complejo proceso de negociación y de (re)ajustes entre diversos actores, en el que factores como la (fuente de la) legitimidad de los mismos, el origen de la demanda de actuación o el grado de consenso alcanzado resultan determinantes. En el segundo, sin embargo, los actores no son ya políticos, sino planificadores y gestores, que diseñan estrategias y ejecutan programas concretos para intervenir sobre la realidad social (en el caso que nos ocupa, sobre la realidad lingüística).En este trabajo designaremos con el nombre de políticas lingüísticas al conjunto de decisiones que tienen como objetivo intervenir sobre las pautas de uso lingüístico de una comunidad humana, tomadas por aquellos agentes sociales que poseen la legitimidad y/o la autoridad necesaria para ello. Y reservaremos la etiqueta de planificación lingüística para hacer referencia a la dimensión explícita de las políticas lingüísticas.
1Las políticas lingüísticas y la planificación lingüística ocupan un lugar destacado en la agenda ins...
