Búsqueda de rentas • Donaciones políticas • España • Financiación de los partidos • Reformas de la financiación políticaResumen Los partidos políticos se enfrentan a un dilema en la regulación del dinero político. Diversas pruebas indican que algunos partidos exigen contribuciones por los contratos y las ventajas especiales que conceden al sector privado. Sin embargo, en las reformas de la financiación política que aprueban tras los escándalos de financiación irregular, establecen límites estrictos a las donaciones políticas de las empresas para agradar a los votantes. Un modo de resolver esta aparente contradicción sin renunciar a su capacidad de monetizar el poder político es insertar en las leyes de reforma escapatorias y excepciones para eludir las restricciones formales impuestas a las donaciones a los partidos. Este artículo examina tres reformas sucesivas de la financiación política en España y encuentra en ellas disposiciones compatibles con esta lógica de preservación de ingresos.
AbstractPolitical parties face a dilemma in the regulation of political money. Evidence from different sources shows that some parties demand contributions for public works contracts and special advantages that they grant to the private sector. Yet in the political finance reforms enacted in the aftermath of funding scandals, parties impose strict limits on corporate donations to please voters. A way to unravel this apparent contradiction while protecting the ability to monetize political power is to insert in the party funding reforms a number of loopholes and exceptions to legally donate to parties by circumventing the restrictions set on political money. This paper examines three successive reforms of the Spanish party funding regime and finds that the three reform acts contain provisions consistent with this income-preserving logic.
4Reformas de la financiación política para preservar los ingresos de los partidos: evidencia de tres reformas españolas IntroduccIón 1 La regulación de la financiación política basada en el interés público justifica la intervención del Estado para lograr algunos objetivos que son valiosos para la sociedad, pero inalcanzables en un régimen de laissez faire. Uno de esos objetivos es promover la equidad en las elecciones contribuyendo a nivelar las oportunidades de los partidos de persuadir a los votantes, bien fijando límites al gasto electoral o con ayudas públicas a las candidaturas electorales (Casas Zamora, 2005). Otro motivo para subvencionar a los partidos es resolver un problema de acción colectiva : el que plantea la propensión de los ciudadanos a no contribuir voluntariamente a la financiación de los bienes públicos que proporcionan los partidos, tales como la representación de las preferencias políticas y los servicios de gobierno.En lugar del interés público, los grupos sociales pueden buscar la regulación para que sirva el interés privado de sus miembros, como en la tradición de economía política de la Escuela de Chicago (Stigler, 1971;Posner, 1975). El área de la financiación política...