En este artículo se aborda el problema agrario que enfrentan varios asentamientos en áreas naturales protegidas federales de dos regiones importantes en Chiapas por su riqueza biológica y cultural, la Selva Lacandona y la Sierra Madre. A partir de estudios de caso, se muestran las múltiples situaciones jurídicas existentes y las dificultades para regularizar estos asentamientos, en una intersección de intereses. Empleando el enfoque de justicia ambiental, se concluye que estos posesionarios cargan con costos de conservación desmedidos y son objeto de una segregación histórica en las dos regiones.
En el marco de investigaciones que indagan sobre el papel del turismo sustentable como política pública y estrategia de conservación o desarrollo en zonas rurales campesinas e indígenas de Chiapas, se estudia a la cultura política como referencia integradora de las dimensiones simbólica y política del territorio. El artículo analiza la articulación entre las esferas gubernamental y social en torno a la implementación del turismo como alternativa a las actividades primarias. A partir de diversas fuentes (relatos de actores locales, gubernamentalesy otros; instrumentos y discursos oficiales) se describen los mecanismos y comportamientos políticos que guían los procesos y las decisiones territoriales. Se destaca que con la introducción del turismo sustentable se siguen admitiendo formas de “participación toleradas”, opuestas a las propuestas teóricas pero características del gobierno centralizado, y asociadas a una aparente inclusión social, promoviéndose la configuración de territorios dominados.
Este artículo revisa la producción social de un "territorio confiscado" para la conservación. Desde una perspectiva espacio-temporal se analiza el caso de dieciocho miembros de un grupo organizado de nacionaleros en la Sierra Madre de Chiapas, México, donde, a través de la declaratoria de las Áreas Naturales Protegidas de El Triunfo y La Frailescana, se realiza la demarcación geográfica y jurídica de un espacio previamente apropiado que excluye a las poblaciones locales del acceso a la legalidad de la tenencia de la tierra, con implicaciones que las vulneran a ellas y a los propios objetivos de la conservación.
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