Para identificar los avances del gobierno colombiano en la regulación de la democracia electrónica y mejorar su implementación es necesario aclarar el concepto de gobierno electrónico y distinguirlo de la democracia electrónica. Esto se debe a que el uso actual del gobierno electrónico excede sus límites teóricos y dogmáticos y entra en el significado de democracia electrónica. Esta confusión se produjo en Colombia desde el diseño de la primera política de “Gobierno en línea”. La misma debe ser aclarada, porque de lo contrario se corre el riesgo de creer erróneamente que todos los avances que se realicen en el área del gobierno electrónico necesariamente tienen como objetivo generar avances hacia la democracia electrónica. Este artículo de investigación, que sigue un método analítico-descriptivo, busca identificar si el uso de las TIC por parte del gobierno colombiano realmente ha mejorado la calidad de su democracia y reconocer las acciones que se deben tomar para implementar eficientemente la regulación de la democracia electrónica.
El libro Reflexiones académicas alrededor del derecho nace como respuesta a la propuesta epistemológica y de enseñanza que se ha planteado el programa de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana, Seccional Montería, “dicha apuesta epistémica encuentra su pilar fundamental en el derecho como fenómeno y en el derecho como saber” entendido el primero como fenómeno lingüístico normativo y político que incide en la vida de la personas que integran los territorios, y el segundo “como constructo social e histórico sumergido en una permanente dinámica de transformación”. (Escuela de Derecho. Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Montería, 2019). La concepción del derecho como saber no es más que la respuesta al conocimiento de un fenómeno que, además de lingüístico-normativo, es social y político y, como tal, tiene una incidencia directa en la vida de las personas. Por ello dicha concepción del Derecho dio lugar a la construcción de un proyecto de investigación denominado
Resumen: Este artículo analiza cómo la aplicación en Colombia de la institución procesal "detención preventiva" limita el derecho fundamental a la libertad en aras de satisfacer fines constitucionalmente válidos, lo que supone una tensión entre estos. Como solución a este conflicto se acudirá a la jurisprudencia de la Corte Constitucional -sentencia C 469 de 2016-que desarrolla el principio de proporcionalidad. Se concluye que el fin constitucional de protección a la víctima y/o comunidad es el único que se puede considerar válido para imponer la medida, porque protege bienes en concreto y genera una verdadera colisión entre derechos fundamentales.
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