En relación al procedimiento francés, Cadiet indica que las modificaciones al Código de 1976, han reforzado el principio de cooperación entre el juez y las partes, que manifiesta la preocupación acumulada por la racionalización del proceso que se expresa hoy a través del desarrollo de lo que se denomina judiciary management o judicial case management (gestión judicial de casos). cadiet, Löic, Introduction to french civil justice system and civil procedural law,
La prueba constituye un problema común y decisivo en los juicios de consumo, sean estos individuales o colectivos. A pesar de que de manera paulatina se han ido introduciendo diversas reglas y mecanismos probatorios para equilibrar las diferencias entre litigantes, su efectividad ha sido limitada ya que subsiste un contexto normativo, teórico y práctico que tiende a limitar los efectos que tales mecanismos y reglas promueven. Este contexto no ha sido adecuadamente estudiado en el medio Chileno. El objetivo de este texto es dar cuenta de este contexto, los distintos niveles en que opera y las disfuncionalidades que este genera, para posteriormente sugerir algunas bases conceptuales y debatir acerca de algunas propuestas que permitan avanzar en la construcción de un derecho probatorio que se haga cargo de las particularidades de la relación de consumo.La metodología utilizada fue mayoritariamente analítica en cuanto al estudio de las normas, su modificación y también al análisis jurisprudencial.En conclusión, se presentan algunas propuestas para remover obstáculos normativos, teóricos y prácticos para el desarrollo de una actividad judicial en el campo de la prueba más funcional a los objetivos del proceso de consumo. Una primera alternativa sería la elaboración de un código procesal de consumo, que otorgue autonomía teórica y normativa para la tramitación en esta materia. Otra propuesta sería llevar la especialización en esta materia un paso más allá, creando así tribunales dedicados exclusivamente a la resolución de conflictos de consumo. Sin embargo, existe una tercera alternativa que parece más viable y que sería perfectamente compatible con la creación de una legislación completa y coherente, aunque quede en manos de los jueces generales. Tal solución consistiría en introducir la noción de gestión de casos como un vehículo conceptual que viene a modificar y ofrecer nuevos paradigmas sobre la comprensión del papel de los jueces dentro del proceso, cambiando eventualmente la cultura jurídica de los operadores de justicia.
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