El derecho de los niños a ser oídos y a que su opinión sea debidamente tomada en cuenta constituye un mandato legal que obliga a los jueces de familia a recoger sus deseos y sentimientos en una amplia gama de materias. Sin embargo, ni la Convención de Derechos del Niño ni la legislación nacional establecen cómo poner en práctica este derecho: ¿Quién debe escucharlos? ¿Desde qué edad en adelante? ¿En qué tipo de asuntos? ¿Con o sin presencia de sus padres o adultos significativos? Estas son algunas de las preguntas que surgen frente a esta temática. Dar a conocer los resultados de un estudio empírico que indaga sobre las formas en que la judicatura de familia recupera la voz de los niños, así como las dificultades y desafíos que entraña la aplicación práctica del derecho a ser oído es el objetivo del presente trabajo.
La incorporación de la mediación familiar como un trámite previo y obligatorio al proceso judicial ha generado una amplia discusión en la doctrina y en los operadores del sistema. Uno de los debates más interesantes es aquel que pretende determinar los efectos de la obligatoriedad tanto en los procesos mismos de mediación como en sus resultados. El objetivo de este trabajo es examinar las ventajas y desventajas que traen aparejadas las políticas públicas que incluyen la participación obligatoria en mediación y, en ese contexto, analizar la experiencia chilena en mediación familiar.
La incorporación de la mediación familiar como un trámite previo y obligatorio al proceso judicial ha generado una amplia discusión en la doctrina y en los operadores del sistema. Uno de los debates más interesantes es aquel que pretende determinar los efectos de la obligatoriedad tanto en los procesos mismos de mediación como en sus resultados. El objetivo de este trabajo es examinar las ventajas y desventajas que traen aparejadas las políticas públicas que incluyen la participación obligatoria en mediación y, en ese contexto, analizar la experiencia chilena en mediación familiar.
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