El artículo busca resaltar el papel adquirido por las patentes en el ámbito de las invenciones y modelos de utilidad que pueden ser considerados innovaciones ambientales. Su objetivo es caracterizar el rol clave que han tenido a través de los nuevos productos, procesos y servicios que aportan soluciones de sostenibilidad, generan impactos positivos al ambiente o mitigan efectos negativos derivados de aquellas actividades que contribuyen a las actuales condiciones de deterioro ambiental del planeta. A través de un enfoque metodológico deductivo, los autores parten de nociones generales sobre propiedad intelectual, ambiente y desarrollo, para así llegar a reflexiones propias a manera de hallazgos, y situar a las patentes sobre innovaciones ambientales como un eslabón clave en pro del ambiente, evidenciando así, como en efecto, las patentes han logrado aportar al mejoramiento de las condiciones ambientales, ayudando al Estado y a las empresas al cumplimiento de sus compromisos en materia ambiental con la sociedad.
Los diagnósticos en torno a la ruralidad en Colombia y los conflictos que en su interior se han venido configurando han privilegiado los análisis sobre la desigual distribución de la tierra y su incidencia en los escenarios de pobreza estructural allí presentes. Si bien acertados, estos acercamientos abordan tangencialmente el componente institucional, circunscribiéndolo al estudio de los actores y entidades involucradas directa o indirectamente con la distribución de la tierra. En virtud de lo anterior, en el presente documento se analiza el papel que viene jugando la agenda pública diseñada para el sector agropecuario colombiano, la cual pareciera ser funcional a la estructura de la tenencia de la tierra prevaleciente. Para estos fines se toma como referente al subsector palmicultor y la estructura de apoyos públicos que ha impulsado su desempeño, a partir del analisis de datos oficiales que incluyeron informes sectoriales y balances operacionales durante el período 2000-2017, lapso en el que se observa cómo las políticas de apoyo estatal, traducidas en subsidios, créditos y marcos normativos favorables, contribuyeron al crecimiento y competitividad del subsector palmero en Colombia. Los resultados de este análisis ponen en evidencia el papel central del Estado como soporte del sector agroindustrial y –en este caso específico– del subsector palmicultor, así como la importancia de que adecúe sus actuaciones de manera complementaria, apostando por la creación de condiciones que permitan avanzar en la conformación de un esquema multimodal en el agro colombiano, como apuesta para reducir sus desigualdades.
La construcción de centrales hidroeléctricas en países ecuatoriales –como Colombia– enfrenta los desafíos propios de su diversidad ecosistémica, la cual da lugar a múltiples expresiones culturales que reflejan estrategias adaptativas frente a entornos complejos. Dicha relación se ve condicionada por elementos transversales del territorio, como es el caso de los ríos, cuyas dinámicas influyen en la ecología y tipo de sociedades por las que discurren, por lo que cualquier cambio en sus parámetros comprometerá al conjunto. La central hidroeléctrica de Urrá, ubicada en la cuenca alta del río Sinú (Tierralta, Córdoba) refleja la anterior premisa, al haber transformado la ecología del río, su conexión con otros ecosistemas y cuerpos de agua, así como la integridad física y cultural de las comunidades que interactúan con él, en un contexto de restricción a la participación y de violencia generalizada que acentuó sus afectaciones negativas, en especial sobre pueblos indígenas como los Embera Katío. El presente documento busca aportar elementos para la discusión sobre las implicaciones de las centrales, más allá de los impactos biofísicos que se le atribuyen, al situarlo en un caso y contexto particular en el que la ausencia de participación y la disputa por el control territorial llevan a considerar otras afectaciones y móviles detrás de su implementación y operación.
La construcción de El Quimbo en el departamento del Huila, Colombia, guarda correspondencia con la vocación hidroenergética conferida a la cuenca alta del río Magdalena, en donde existen antecedentes al respecto (central Betania) y en donde se proponen proyectos similares en instrumentos como el Plan Maestro para el Aprovechamiento del río Magdalena. Sin embargo, el aprovechamiento visto de este modo pasa por alto las particularidades ecológicas, socioeconómicas y culturales de los territorios en que tiene lugar, propiciando el surgimiento de problemáticas relacionadas con la transformación de los ecosistemas de soporte, así como de conflictos ambientales dada la dependencia de las comunidades y del aparato productivo en relación con las dinámicas ecológicas allí presentes. En tal dirección, este artículo de revisión recoge la experiencia de El Quimbo para señalar algunas de las implicaciones de los proyectos hidroenergéticos sobre las dinámicas territoriales a nivel local, realizando una cronología de los principales hechos que atravesaron la movilización social y la interposición de recursos legales para el caso analizado, sobre lo cual se llama la atención frente a la eventual construcción de nuevas centrales en el alto Magdalena.
La cuenca del río Ranchería, al norte de Colombia, se caracteriza por su complejidad ecológica y sociocultural, dada la diversidad de ecosistemas que la atraviesan y sus particularidades en cuanto a las condiciones secas que predominan e inciden en las formas adaptativas de la vegetación, así como en las formas de habitar por parte de las comunidades locales y pueblos étnicos. Sobre esa complejidad se construyó la represa El Cercado entre 2006 y 2010, como proyecto estratégico para el abastecimiento hídrico, la adecuación de tierras y la generación de energía eléctrica, que alteró las dinámicas ecológicas de la región, así como la relación simbólica y material de los pueblos Wiwa y Wayúu con sus territorios, frente a lo cual se extraen lecciones sobre los alcances de los mecanismos de participación ambiental en Colombia, concretamente la consulta previa y la acción de tutela. En efecto, si bien estos amparan derechos fundamentales y colectivos, su aplicación y alcances están mediados por las condiciones de contexto que pueden limitar la posibilidad de garantizar la participación efectiva de quienes se ven afectados por proyectos impulsados por actores externos al territorio.
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