La acción de grupo es un mecanismo judicial de raigambre procesal estatuido por la Asamblea Nacional Constituyente en el artículo 88 constitucional, cómo una acción que se origina en los daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares. No obstante, el propio constituyente señala en el inciso primero del precitado artículo 88 que será el legislador en encargado de regular los aspectos procedimentales del dispositivo constitucional en referencia. El legislador dio cumplimiento a la orden impuesta por el texto constitucional y, a través de la ley 472 del 5 de agosto de 1998 desarrolló el ejercicio de las acciones de grupo. En lo que atañe con la procedencia y la finalidad que se persigue al enervar esta acción constitucional, el legislador previó en los artículos tres y cuarenta y seis que el propósito que persiguen las personas que impetran la acción, es el reconocimiento y pago de la indemnización de los perjuicios causados a un grupo. Lo anterior, denota que para el legislador la acción de grupo fue prevista de forma exclusiva para obtener una reparación de tipo económico para las personas que hayan sufrido un perjuicio común. Sin embargo, al interior del sistema jurídico colombiano inmerso bajo una teoría del canon del realismo jurídico, se exporta una nueva concepción finalística con un radio de acción más amplio, ya que se observa en la praxis judicial de los jueces de la República, la posibilidad de solicitar, además de tasaciones pecuniarias, reparación de índole moral y psicológica que coadyuvan a dignificar más la situación de los accionantes.
This work aims to present a comprehensive overview of the state of the legal-political protection of animals in Colombia. The Colombian State is going through a period of institutional and socio-legal transformation. The once widespread model of the relationship between the legal system and animals as things or simple elements of the environment is being re-evaluated and a whole number of problems arise which must be addressed from new approaches and perspectives. This book focuses on topics such as crimes and misdemeanors, the use of animals for human consumption, animal used on research and testing, the use of animals for security purposes, the development of public policies and their interrelation with the movement of the civil society first from an analytical plane and then contextualized in different cities of Colombia.
Introducción: en Colombia el derecho procesal constitucional y las acciones contempladas en la Constitución Política, especialmente el habeas corpus, la acción popular y la acción de tutela, tienen una marcada destinación antropocéntrica, lo cual hace inoperante su utilización en favor de las demás especies animales. Metodología: a través de un análisis documental descriptivo, se indaga por la naturaleza del derecho procesal constitucional y su incidencia en la protección de animales silvestres en Colombia, revisando jurisprudencia y acudiendo al análisis de fuentes. Hallazgos: si bien se ha avanzado en leyes que impactan la protección animal, la protección y conservación de especies animales, vía jurisdiccional, será nugatoria mientras no se creen nuevas acciones destinadas exclusivamente en favor de los animales no humanos (reconocer una nueva especialidad como el derecho animal), o mientras se premie el interés general del animal sobre el formalismo propio del derecho procesal constitucional. Conclusiones: la Corte Constitucional, en Sentencia de Unificación 016 de enero de 2020, determinó que el habeas corpus solo es procedente para la protección del derecho fundamental a la libertad de las personas y no es posible su utilización en el caso de los animales no humanos. La protección y conservación de los animales constituye un derecho colectivo de conformidad con los artículos 8, 79, 80, 88, 95-8 de la Constitución Política para lo cual procede acción popular. No obstante, la dependencia del “derecho animal” de otras especialidades del derecho, en el caso preciso del derecho “procesal constitucional”, ha ocasionado obstáculos en la protección real y efectiva de las especies animales silvestres en Colombia.
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