Animales silvestres y derecho procesal constitucional

Abstract

Introducción: en Colombia el derecho procesal constitucional y las acciones contempladas en la Constitución Política, especialmente el habeas corpus, la acción popular y la acción de tutela, tienen una marcada destinación antropocéntrica, lo cual hace inoperante su utilización en favor de las demás especies animales.
 Metodología: a través de un análisis documental descriptivo, se indaga por la naturaleza del derecho procesal constitucional y su incidencia en la protección de animales silvestres en Colombia, revisando jurisprudencia y acudiendo al análisis de fuentes.
 Hallazgos: si bien se ha avanzado en leyes que impactan la protección animal, la protección y conservación de especies animales, vía jurisdiccional, será nugatoria mientras no se creen nuevas acciones destinadas exclusivamente en favor de los animales no humanos (reconocer una nueva especialidad como el derecho animal), o mientras se premie el interés general del animal sobre el formalismo propio del derecho procesal constitucional.
 Conclusiones: la Corte Constitucional, en Sentencia de Unificación 016 de enero de 2020, determinó que el habeas corpus solo es procedente para la protección del derecho fundamental a la libertad de las personas y no es posible su utilización en el caso de los animales no humanos. La protección y conservación de los animales constituye un derecho colectivo de conformidad con los artículos 8, 79, 80, 88, 95-8 de la Constitución Política para lo cual procede acción popular. No obstante, la dependencia del “derecho animal” de otras especialidades del derecho, en el caso preciso del derecho “procesal constitucional”, ha ocasionado obstáculos en la protección real y efectiva de las especies animales silvestres en Colombia.

Apuntes históricos y jurídicos al derecho de los seres sintientes, desde la legislación comparada caso Colombia y México

“…En el ámbito legislativo, entre los hitos más relevantes en materia de protección animal en Colombia se tienen: La ley 5ª de 1972 y el decreto reglamentario 497 de 1973, normativa que calificó diversas prácticas como constitutivas de malos tratos a los animales, reguló algunos aspectos concernientes a la fauna silvestre, los animales trabajadores y la convivencia con animales en áreas urbanas; la ley 84 de 1989, denominada Estatuto Nacional de Protección de los animales, entre cuyos fines se haya la prevención y el tratamiento del dolor y el sufrimiento animal, la promoción de la salud y el bienestar animal y la erradicación y la sanción del maltrato y los actos de crueldad para con los animales; y la ley 1774 de 2016, modificatoria de múltiples codificaciones y en virtud de la cual se introdujo el artículo 339ª del Código Penal, que tipifica los delitos contra la vida, la integridad física y emocional de los animales. (p. 405) Revisando el articulado constitucional y echando mano de la investigación de Monsalve Mantilla (2021), no se encuentra una expresa referencia a la protección a favor de los animales. Esto no basta para no entender el contenido de los artículos 8 y 95 en su numeral 8, en donde que existe un principio constitucional que le impone como deber a los ciudadanos colombianos y al Estado proteger el patrimonio natural y el medioambiente.…”

“…Esto no basta para no entender el contenido de los artículos 8 y 95 en su numeral 8, en donde que existe un principio constitucional que le impone como deber a los ciudadanos colombianos y al Estado proteger el patrimonio natural y el medioambiente. Tampoco se debe dejar de mencionar el contenido del Decreto 1608 de 1978, el cual estableció como premisa que "las actividades de preservación y manejo de la fauna silvestre son de utilidad pública e interés social", normatividad que actualmente se encuentra recopilada en el decreto único reglamentario del sector ambiente (Monsalve Mantilla, 2021).…”

“…Agrega la Corte que "el hecho de que una persona humana tenga un conjunto de derechos inalienables no genera, automáticamente, que todo aquello que pueda adscribirse normativamente como persona los tenga y, en todo caso, porque el tratamiento jurídico que se mantiene sobre los animales ni siquiera es ese, sino el de, se reitera, seres con sensibilidad", y que en tal condición "deben recibir especial protección contra el sufrimiento y el dolor […], pero ello no habilita el uso de una acción legal como el habeas corpus, la cual ha sido dispuesta por el legislador para garantizar la libertad de los ciudadanos. (Considerando 4) La anterior colisión de criterios jurisprudenciales de la misma Corte Suprema de Justicia colombiana, y apoyándonos en Monsalve Mantilla (2021), fue zanjada por la Corte Constitucional, quien haciendo uso de su facultad de revisión de decisiones judiciales relacionas con la acción de tutela, profiere la sentencia de unificación 016 del 23 de enero de 2020 en donde se considera que por presentarse un defecto procedimental absoluto no era procedente el mecanismo de habeas corpus para proteger los derechos del oso andino llamado Chucho. Para ilustrar mejor al lector, se replica el aparte de la sentencia que resume el sentido del fallo:…”