El presente artículo, luego de ilustrar al lector sobre la naturaleza de los agresores sexuales seriales, desarrolla puntualmente dos casos de estudio documentados por la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales y la Policía Nacional, extraídos de las líneas investigativas que implementan estas instituciones desde años atrás. Este ejercicio investigativo conforma un estudio de caso múltiple que busca ampliar el conocimiento disponible sobre la materia, haciendo los respectivos análisis frente a la naturaleza de los individuos que cometen esta clase de transgresiones y a sus dinámicas delincuenciales. Se encuentran los resultados de diferentes entrevistas, revisión de expediente judicial, aplicación de pruebas psicométricas en dos sujetos capturados y condenados por la comisión de agresiones sexuales de similares características. En ambos casos, el delito sexual es el objetivo de la actividad, en el que predomina amenaza con arma cortopunzante. En los dos casos estos comportamientos se presentan después de los 18 años, el sujeto (1) presenta 23 víctimas registradas en el sistema judicial, y el sujeto (2), 15 víctimas reconocidas; en cuanto a las características psicológicas, los dos tuvieron problemas en el acatamiento de normas, con baja tolerancia a la frustración y actitudes machistas durante su infancia y adolescencia.
Introducción. Independiente de que la actividad criminal pueda o no estar relacionada con enfermedades mentales, la salud mental siempre conforma un componente importante en el manejo de los individuos privados de la libertad en los centros carcelarios. Objetivos. Aportar un primer diagnóstico sobre el abordaje y el conocimiento sobre la salud mental que a la fecha se presenta en las cárceles colombianas. Materiales y métodos. Para alcanzar ese propósito se acudió, entre otros, a la revisión de archivos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios y a la literatura existente sobre el particular. Asimismo, se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas y se aplicó la Escala de Evaluación de la Psicopatía de Hare PCL-R y el Cuestionario de evaluación IPDE a personas condenadas en distintos centros carcelarios y a trabajadores cuya labor se relaciona con la actividad carcelaria. Resultados. Se evidenció una ausencia de diagnóstico en materia de salud mental y de cuidados estándar; una atención en salud mental deficitaria centrada en su mayoría en los sujetos inimputables legalmente y reconocidos como tales; una mínima labor preventiva e interventiva frente al consumo de sustancias psicoactivas; una notoria carencia de recursos para la atención de ese propósito; un insuficiente personal para atender esta problemática —con amplia ausencia de especialistas—, y la presencia de practicantes de pregrados de las universidades. Conclusiones. La atención de la salud mental de las personas privadas de la libertad requiere la aplicación de instrumentos especializados y estandarizados que apoyen la realización de constantes filtros con claridad conceptual de salud y enfermedad mental, personal idóneo, fortalecimiento de los programas de apoyo psicosocial vigentes en el sistema carcelario y adaptación de las rutas de atención a salud al sistema penitenciario.
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