Los derechos de los consumidores han estado históricamente protegidos por la Unión Europea. Esto ha afectado fundamentalmente a los derechos sustantivos, pero poco se ha avanzado en el reconocimiento de derechos procesales que permitan a los consumidores obtener una tutela efectiva de sus pretensiones. Por ello, fue importante la entrada en vigor de la Directiva 2013/11 sobre resoluciónalternativa de litigios en materia de consumo. En este sentido, el TJUE y sus pronunciamientos proconsumidor mejoran la calidad de las transposiciones de las normas a las legislaciones nacionales y sus interpretaciones.
Resumen: En el presente trabajo se analiza el impacto que ha tenido la Ley de nulidad de los contratos de préstamo con elementos internacionales celebrados en la República de Croacia con un acreedor no autorizado y su confrontación con la normativa europea. Esto se realiza a través de las cuestiones prejudiciales planteadas por un Tribunal municipal croata sobre la afectación del derecho a la libre prestación de servicios y libre circulación de capitales en la Unión Europea; alteración de los fueros competenciales, extensión del concepto de consumidor a empresarios y la concepción de los derechos reales.Palabras clave: Derecho a la libre prestación de servicios, Reglamento 1215/2012, defensa de los consumidores y derecho real de hipoteca.Abstract: This paper analyses the impact of the Law on the nullity of loan contracts with international elements entered into in the Republic of Croatia with an unauthorised creditor and its confrontation with European regulations. This is done through prejudicial questions raised by a Croatian Municipal Court on the effect of the right to the free provision of services and free movement of capital in the European Union; alteration of the jurisdictional privileges, extension of the concept of consumer to entrepreneurs and the conception of mortgage rights. Keywords: Right to freedom to provide services, Regulation 1215/2012, consumer protection and mortgage liem.
España está capacitada para iniciar un proceso judicial electrónico automatizado, similar al implementado en el Reino Unido. En el presente trabajo se expone de manera paralela el análisis del proyecto británico y una propuesta de lege ferenda para la inclusión de esta modalidad en el ordenamiento jurídico español. Esta se iniciaría solamente para reclamaciones de cantidad y procesos monitorios y podría continuar con la resolución electrónica de los procesos por sanciones administrativas de tráfico, finalizando este primer estadio de su desarrollo con la resolución de algunos de los procesos civiles recogidos a través de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, incluyendo una propuesta final para habilitar a la ciudadanía para introducir denuncias administrativas o penales en línea. De esta manera, acercaríamos definitivamente el acceso a la justicia a los ciudadanos y ciudadanas, pretendiendo una suerte de autodefensa regulada y garantizada por los jueces y tribunales a la par que cercana a la ciudadanía a través de una plataforma informática segura e intuitiva.
En el presente artículo hemos realizado un repaso por los principales problemas que surgieron en la docencia virtual durante el periodo de confinamiento y cómo podemos reforzarnos para superar la segunda ola de contagios y la docencia semipresencial planificada. Así mismo, hemos intentado explicar de manera pormenorizada las diferentes posibilidades que ofrece la plataforma Blackboard Collaborate para la docencia universitaria a través de la experiencia propia en el grado de Derecho.
<p>El acceso a la justicia es hoy en día un Derecho fundamental reconocido en la Constitución española en el artículo 24 a través del Derecho a la tutela judicial efectiva, así como el derecho a la asistencia justicia gratuita para aquellos que acrediten insuficiencia de recursos para litigar de acuerdo con el artículo 119 de la Constitución española. Sin embargo, estos derechos se desdibujan cuando intentamos reivindicar los derechos de los consumidores. En este trabajo analizamos cómo Cappelletti teorizó, a través de su obra General Report Access to justice, las tres olas básicas para conseguir derribar las barreras que impiden el acceso a la justicia. Esta teoría refleja los pasos seguidos por la Unión Europea para mejorar el acceso a la justicia de los consumidores.</p>
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