A partir de la tradicional polémica entre los principios inquisitivos y acusatorios en el proceso penal, se brinda una lectura encaminada a superar el maniqueísmo de ese enfoque y a que la observación del proceso penal debe guiarse por el respeto a las garantías, basadas en los derechos fundamentales y el contrapeso de poderes, sin olvidar la efi cacia que debe caracterizar al enjuiciamiento criminal.
<p class="Cuerpo">El objetivo de la Cuarta Enmienda es proteger el derecho la libertad y a la intimidad de todos los ciudadanos frente a intromisiones no legítimas por parte del estado. Sólo si las autoridades (la policía) acreditan que hay suficientes elementos –lo que en el sistema español denominaríamos indicios racionales– que apuntan hacia la probable comisión de un delito o a la probabilidad de hallar pruebas en un domicilio, esa intromisión podría ser conforme con la Cuarta Enmienda. El concepto de <em>probable cause</em> en el derecho de los Estados Unidos de Norteamérica no es un mero estándar de prueba, pues se trata de un elemento consustancial a la propia noción de <em>rule of law</em> o Estado de derecho. Pero la Cuarta Enmienda no define qué es <em>probable cause,</em> y la jurisprudencia sólo ha podido llegar a afirmar que se trata de un estándar que supera lo que sería una mera sospecha, pero que se ubica claramente por debajo del grado de certeza que se requiere para condenar a un acusado. Dentro de ese amplio rango, el Tribunal Supremo USA ha reconocido que lo determinante será realizar un cálculo de probabilidades. Aquí pretendo reflejar en primer lugar cuál es el significado que la jurisprudencia norteamericana ha otorgado a este concepto, y poner de manifiesto cómo la <em>probable cause</em>, más allá de su consideración o no como estándar probatorio, es una garantía constitucional que adquiere una relevancia aún mayor en la sociedad digital.</p>
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