Este artículo tiene por objetivo abordar los recientes cambios operados en la política migratoria argentina, con especial énfasis en las modificaciones introducidas por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70 (de enero de 2017), con vistas a iluminar los vínculos actuales entre migraciones, derechos humanos y seguridad. El caso argentino resulta de especial interés porque la Ley Migratoria vigente desde 2004 incorpora importantes estándares de derechos humanos, que deberían funcionar como límite al avance de ciertas prerrogativas soberanas del Estado en nombre la seguridad. Las distintas medidas adoptadas por el Gobierno de la alianza Cambiemos, desde su llegada al poder en 2015, se basaron en una vinculación directa entre migración y criminalidad, dirigida a reinscribir la política migratoria en el terreno de la seguridad y a enfatizar el control, en detrimento de la integración de las personas migrantes. Creemos que el DNU 70 tiene un carácter ejemplar para el análisis específico de las paradojas que entraña la criminalización de las migraciones, con el consecuente avance de la excepcionalidad soberana, en un contexto normativo de reconocimiento de los derechos humanos. Sobre estas tensiones versa el presente artículo, con la expectativa de que este caso pueda alumbrar otros similares.
Abstract
The goal of this paper is to address recent changes over Argentine migration policy, particularly reforms introduced by the Necessity and Urgency Decree (Decreto de Necesidad y Urgencia-DNU) 70, issued by the executive branch in January 2017, to highlight the current links between migrations, human rights and security. Argentina’s case is of the most importance given that its Migration Law (from 2004) has recognized the highest standards on human rights, which should limit certain actions of the State taken in the name of security. Measures adopted by Cambiemos government (a right based coalition that won in 2015) are based on a direct linkage between migration and criminality, intended to rewrite migration policy in the field of security to emphasize control, instead of social integration of migrants. In this frame, we believe DNU 70 set an example that allows analyzing the paradox encompasses in the criminalization of migrations, with consequences such as more exceptionalism in sovereignty, even though in a context of general recognition of human rights. This article goes about these tensions expecting Argentina’s case may illuminate others.
El presente artículo busca dar un panorama sobre la situación de la niñez y la adolescencia en América Latina y el Caribe; específicamente, sobre los avances y desafíos actuales que se presentan a los países de la región en materia de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes (NNA) en el contexto de la migración. Con tal fin, se hace una descripción general sobre el tema con base en algunos principios generales que se derivan de la Convención sobre los Derechos del Niño, a partir de los cuales pueden construirse ciertos estándares concretos aplicables sobre NNA migrantes e hijos/as de migrantes. Luego, se presentan sucintamente dos casos puntuales que dan cuenta precisamente sobre la variedad de contextos, oportunidades y retos sobre la temática en la región: Argentina y México.
Regulación migratoria en la Argentina actual: del "modelo" regional al recorte de derechos Migration regulation in current Argentina: from the regional "model" to the reduction of rights Resumen La ley argentina de migraciones que entró en vigor en 2004 (Nro. 25871) significó un cambio histórico para la Argentina y se transformó prontamente en un "modelo regional" para las legislaciones latinoamericanas al reconocer como punto de partida el derecho humano a migrar. En diciembre de 2015, gana en la Argentina la coalición "Cambiemos" y con ella comienzan a evidenciarse síntomas de una nueva mirada en materia migratoria, que alcanza su máxima expresión en la emisión del Decreto 70/2017, dirigido a modificar la ley 25.871. En este marco, el presente artículo se propone plasmar los cambios recientes en la regulación migratoria en Argentina (a través de decretos, resoluciones y otras normas "sub-legales" emitidas durante 2016 y 2017) y en particular, analizar el contenido del DNU 70/2017. En las conclusiones, pone en diálogo estos resultados con las modificaciones en las legislaciones regionales para proyectar algunas consecuencias para la región.
En este trabajo presento algunos hallazgos de la investigación doctoral sobre la implementación de la política migratoria argentina a través del poder judicial: los casos de expulsiones por delitos, utilizando como fuente principal los expedientes cuya causa de expulsión fuera penal. Primero, planteo el diferente régimen legal de la expulsión de personas "ingresantes" y de "residentes"; luego, listo los casos encontrados con los elementos (cantidad de años de condena, existencia de familia, año de ingreso, etc.) que permitirán analizar el balance entre la condena penal, la expulsión, y los derechos (ej. a la reunificación familiar). Entre las conclusiones, considero que la expulsión luego de cumplida la condena es una sanción que menoscaba el principio de non bis in idem y que en casi todos los casos la persona fue tratada como "ingresante", inhabilitando así la revisión judicial.
La pregunta de investigación que guía el presente trabajo es aquella que interroga acerca de las implicancias, para el Estado argentino, de desarrollar una política migratoria en el marco de derechos humanos. Más allá de los resultados del simple cotejo entre la norma en derechos humanos y las acciones argentinas en materia migratoria, el trabajo pretende identificar otras consecuencias derivadas del mismo sistema de derechos humanos donde se inscribe esta nueva política migratoria argentina. El estudio de la migración y en particular en referencia a la Argentina, tiene no pocas connotaciones. Imágenes, discursos y meas culpas destacan el prestigio de la Argentina, tierra prometida del inmigrante, su “tradición humanitaria”, el “crisol de razas”. En el otro extremo de la historia nacional, recientemente la Argentina ha iniciado una experiencia migratoria que se reconoce como “sin precedentes”, que tiene además una importancia adicional en el mapa actual de las políticas migratorias a nivel mundial adoptadas post-2001 y post-2008, dos crisis que reabrieron grandes capítulos de restricción y criminalización hacia los migrantes.
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