A situação de calamidade pública ocasionada pela pandemia de Covid-19 colocou o direito à informação sob novas tensões no Brasil. Frente à publicação da Medida Provisória nº 928/2020, que flexibilizou prazos e procedimentos para o atendimento de pedidos de informação, regulamentados na Lei de Acesso à Informação, e sua posterior suspensão pelo Supremo Tribunal Federal, o presente artigo buscou verificar se tais medidas tiveram impacto nos governos subnacionais. Para tanto, a pesquisa enviou pedidos de informação ao longo da semana imediatamente após a decisão do STF a todos os Estados, Capitais e Distrito Federal questionando se houve alteração de prazos e procedimentos referentes à LAI em função da pandemia. Como resultado da coleta de dados, tem-se que: 23% dos entes alteraram os prazos da LAI; 62% dos entes afirmaram não terem alterado; e 15% sequer responderam ou forneceram respostas evasivas. Com base nos referenciais bibliográficos e na análise de dados, o estudo busca contribuir com reflexões sobre a garantia do direito de acesso à informação no país, alertando sobre os possíveis impactos que situações de emergência podem representar aos direitos fundamentais.
Brasil ha sido un lugar importante para implementar prácticas participativas después de su democratización. En 2011, junto con otros siete gobiernos fundadores, Brasil respaldó la Alianza para el de Gobierno Abierto (OGP) y anunció los planes del país para promover una mayor transparencia en las prácticas gubernamentales. El país se convirtió en parte de una iniciativa multilateral que hoy reúne a más de 70 países. Desde su difusión internacional, esta iniciativa fue incorporada por la ciudad de San Pablo, que creó el Comité Intersecretarial de Gobierno Abierto en 2014. Describimos la incorporación de la OGP y de su proceso de difusión y discutimos los desafíos de difusión e institucionalización de una política global a nivel local, entre 2013 y 2016. Las principales conclusiones abordan la importancia de institucionalizar las prácticas políticas además de la difusión de políticas; la importancia del análisis microinstitucional y del trabajo institucional en la teoría organizacional para comprender la importancia de los actores clave en el proceso de implementación; y la influencia de la arquitectura institucional en la implementación de la OGP.
Brasil ha sido un lugar importante para implementar prácticas participativas después de su democratización. En 2011, junto con otros siete gobiernos fundadores, Brasil respaldó la Alianza para el de Gobierno Abierto (OGP) y anunció los planes del país para promover una mayor transparencia en las prácticas gubernamentales. El país se convirtió en parte de una iniciativa multilateral que hoy reúne a más de 70 países. Desde su difusión internacional, esta iniciativa fue incorporada por la ciudad de San Pablo, que creó el Comité Intersecretarial de Gobierno Abierto en 2014. Describimos la incorporación de la OGP y de su proceso de difusión y discutimos los desafíos de difusión e institucionalización de una política global a nivel local, entre 2013 y 2016. Las principales conclusiones abordan la importancia de institucionalizar las prácticas políticas además de la difusión de políticas; la importancia del análisis microinstitucional y del trabajo institucional en la teoría organizacional para comprender la importancia de los actores clave en el proceso de implementación; y la influencia de la arquitectura institucional en la implementación de la OGP.
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