Con motivo de una reciente reforma constitucional en materia energética, el sistema jurídico mexicano fue radicalmente modificado, abriendo el mercado energético al sector privado, incluso, incorporando a las compañías públicas al propio mercado, tanto en hidrocarburos como en energía eléctrica. Adicionalmente, tomando en consideración el régimen especial de la tierra en México, mediante el cual se conceden ciertas garantías a los tenedores de ésta, cuando se traten de ejidos o pueblos indígenas el nuevo comportamiento de la industria energética para la explotación de la tierra impone una serie de mecanismos de negociación para el uso del suelo, tomando en consideración el máximo respeto por los derechos y garantías de los pueblos indígenas y de los ejidatarios. Adicionalmente, con una legislación más antigua, se expondrá lo relativo a la consulta previa tratándose de la industria minera en México. Por tanto, el objetivo de este trabajo es exponer de forma general, el régimen de consulta previa que ahora se exige de forma estatutaria para el uso de la tierra, sea su destino el sector minero, eléctrico o de hidrocarburos. Se debe tomar en cuenta que la reforma constitucional en materia energética, así como su legislación secundaria, aún y cuando ya entró en vigor, todavía está en proceso de implementación.
En la reforma constitucional de marzo de 2019 se transformó a la Guardia Nacional en una institución federal de seguridad pública, de carácter civil, adscrita jerárquicamente a la dirección y mando de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Sin embargo, en septiembre de 2022 se publicó un paquete de reformas legales por las que se transfiere el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, perturbando el modelo estructural de mando civil diseñado en el texto constitucional, debido a un exceso de control institucional por parte de las Fuerzas Armadas.
Con motivo de una reciente reforma constitucional en materia energética, el sistema jurídico mexicano fue radicalmente modificado, abriendo el mercado energético al sector privado, incluso, incorporando a las compañías públicas al propio mercado, tanto en hidrocarburos como en energía eléctrica. Adicionalmente, tomando en consideración el régimen especial de la tierra en México, mediante el cual se conceden ciertas garantías a los tenedores de ésta, cuando se traten de ejidos o pueblos indígenas el nuevo comportamiento de la industria energética para la explotación de la tierra impone una serie de mecanismos de negociación para el uso del suelo, tomando en consideración el máximo respeto por los derechos y garantías de los pueblos indígenas y de los ejidatarios. Adicionalmente, con una legislación más antigua, se expondrá lo relativo a la consulta previa tratándose de la industria minera en México. Por tanto, el objetivo de este trabajo es exponer de forma general, el régimen de consulta previa que ahora se exige de forma estatutaria para el uso de la tierra, sea su destino el sector minero, eléctrico o de hidrocarburos. Se debe tomar en cuenta que la reforma constitucional en materia energética, así como su legislación secundaria, aún y cuando ya entró en vigor, todavía está en proceso de implementación
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