El objeto de este trabajo es identificar al acto administrativo y sus elementos esenciales y cómo éstos pueden identificar un fundamento constitucional, de tal forma, que cuando se aplican los diversos mecanismos de control constitucional en el derecho mexicano, encontramos la forma en la cual se ejerce el control constitucional de los actos administrativos, más allá del llamado control de la legalidad administrativa y, cómo es que dichos controles constitucionales se desenvuelven ante la autoridad administrativa, la autoridad jurisdiccional o el juez judicial.
En los últimos años del siglo pasado y hacia casi dos décadas del actual, se ha vivido en prácticamente todo el mundo una explosión de los derechos humanos. Con mayor frecuencia encontramos que las Cortes y Tribunales constitucionales invocan violaciones de derechos humanos al momento de dictar sus fallos. Pero antes de ello, el derecho administrativo, aún siendo una rama relativamente joven, nace como una disciplina cuyo objeto es la interdicción de los actos de la autoridad, basado fundamentalmente en la protección de los derechos subjetivos, esto es que, el derecho administrativo construye un sistema de cómo deben ser cumplimentados los derechos de los ciudadanos, de tal forma que su vocación natural es sin duda, la de concretar los derechos humanos.
Con motivo de una reciente reforma constitucional en materia energética, el sistema jurídico mexicano fue radicalmente modificado, abriendo el mercado energético al sector privado, incluso, incorporando a las compañías públicas al propio mercado, tanto en hidrocarburos como en energía eléctrica. Adicionalmente, tomando en consideración el régimen especial de la tierra en México, mediante el cual se conceden ciertas garantías a los tenedores de ésta, cuando se traten de ejidos o pueblos indígenas el nuevo comportamiento de la industria energética para la explotación de la tierra impone una serie de mecanismos de negociación para el uso del suelo, tomando en consideración el máximo respeto por los derechos y garantías de los pueblos indígenas y de los ejidatarios. Adicionalmente, con una legislación más antigua, se expondrá lo relativo a la consulta previa tratándose de la industria minera en México. Por tanto, el objetivo de este trabajo es exponer de forma general, el régimen de consulta previa que ahora se exige de forma estatutaria para el uso de la tierra, sea su destino el sector minero, eléctrico o de hidrocarburos. Se debe tomar en cuenta que la reforma constitucional en materia energética, así como su legislación secundaria, aún y cuando ya entró en vigor, todavía está en proceso de implementación.
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