La evolución de los modelos de organización humana ha permitido el surgimiento de modernas estructuras estatales que, para el caso colombiano, se cristalizan en el Estado social de derecho adoptado en la Constitución Política de 1991. Este modelo de Estado busca la garantía real y efectiva de los preceptos constitucionales a partir de, entre otros, el rol del juez constitucional como garante judicial de la Constitución, sus derechos y principios. Los jueces usan su discrecionalidad para superar las ambigüedades, vaguedades, antinomias o cualquier otro conflicto presente en el sistema jurídico colombiano con el fin de tomar la mejor decisión posible conforme a los preceptos constitucionales. A la luz de este importante rol del juez, y de su facultad discrecional, en el presente escrito se estudiarán dos sentencias de unificación de la Corte Constitucional de Colombia, en las que se determinará si la Corte aplicó incorrectamente el Estado social de derecho, ello en el marco del presunto ejercicio discrecional realizado por el administrador de justicia. Lo dicho se desarrollará a través de una metodología dogmática con la que se analizarán las decisiones escogidas, junto con fuentes normativas, jurisprudenciales y doctrinarias para determinar si, en los casos de estudio, se tomaron decisiones contrarias a los principios derivados del texto constitucional colombiano como consecuencia de un ina-decuado uso de la discrecionalidad, específicamente como consecuencia de la errada aplicación de la cláusula del Estado social de derecho.
presentamos -a nombre propio-un escrito actuando como amicus curiae, que es "la persona o institución ajena al litigio y al proceso que presenta a la Corte razonamientos en torno a los hechos contenidos en el sometimiento del caso o formula consideraciones jurídicas sobre la materia del proceso, a través de un documento o de un alegato en audiencia" 1 ; hacemos esto en virtud del artículo 44 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.Ahora bien, el presente amicus será sobre el caso Pavez Pavez Vs. Chile, que trata sobre el retiro del certificado de idoneidad 2 para dar las clases de Religión Católica a Sandra Pavez, esto con base en su orientación sexual. La Audiencia Pública de este caso se realizó el 12 y 13 de mayo de 2021 en el periodo ordinario de sesiones No. 141 de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "H. Corte IDH", "H. Corte" o "H. Corte Interamericana").Tomando en consideración las temáticas abordadas en la audiencia pública los redactantes de este amicus consideran pertinente referirse a dos aspectos constituyentes del caso: (1) manifestaciones de violencia por orientación sexual y (2) control de convencionalidad. Estos serán antecedidos por una descripción de los hechos del caso concreto y concluirán con una sección de recomendaciones.El presente amicus curiae se realizó con fundamento en los elementos de público conocimiento del caso, a saber: el
El Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (farc-ep) generó y sigue generando grandes polémicas, incluyendo la fuerte discusión alrededor de la refrendación popular. El objetivo de la presente investigación es el de analizar la interpretación jurídica que la Corte Constitucional hizo del concepto de refrendación popular, para lo cual se realiza un estudio hermenéutico y analítico de las principales providencias de la Corte sobre la materia, con miras a intentar responder la siguiente pregunta: ¿fue correcta la interpretación realizada por la Corte de la expresión refrendación popular, a la luz de los tipos de interpretación de Raz? Para responder este interrogante, se inicia con la descripción del caso y de los tipos de interpretación jurídica según la propuesta de Raz, luego se analizan las posibles interpretaciones del término refrendación y finalmente se formulan las conclusiones.
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