El Sistema Penitenciario es un apartado sumamente importante dentro de la Seguridad Pública, puesto que es la última etapa donde una persona después de haber cometido un delito y sujeta a un proceso penal es condenado a cumplir una sentencia por encontrársele como responsable de la comisión de un ilícito, se somete a la pena de prisión misma que tiene como principal objetivo la Reinserción Social, la cual está a cargo de instituciones, funcionarios que tienen como fin cumplir con este proceso. Ahora bien derivado de algunas situaciones nuestro Sistema Penal en junio de dos mil ocho se reforma de ser Mixto a Acusatorio Adversarial, sufre esta modificación en virtud de que como venía operando el Sistema no se alcanzaban a cubrir los resultados óptimos, es decir, estaban perdiendo credibilidad las instituciones encargadas de impartir y administrar justicia, el rezago judicial que imperaba en México ya era demasiado, la corrupción, y con ello algunas violaciones a los derechos humanos tanto de las personas en prisión preventiva como de las personas que cumplían propiamente una pena de prisión, por tanto nos planteamos el objetivo de analizar el sistema penitenciario frente a la reinserción social en México, a través de una investigación jurídica, dogmática, con un enfoque cualitativo y descriptiva, que arrojo como conclusión que si
La vida diaria de mujeres privadas de la libertad en centros penitenciarios en México ha sido poco abordada en relación a las condiciones de bienes y servicios a su alcance en el tiempo que compurgan su pena, asimismo prevalece una falta de adecuación de estos centros para atender las necesidades específicas del sexo femenino y garantizar sus derechos humanos. En este sentido se analizó el derecho a la maternidad de estas mujeres desde sus experiencias recuperadas a partir de una revisión de literatura, análisis de instrumentos jurídicos y datos estadísticos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad y el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistemas Penitenciarios Estatales. Se encontró que este derecho está reconocido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, pero se vulnera en el sistema penitenciario al no cubrir en su totalidad las necesidades particulares por lo que es necesario fortalecer políticas públicas en el tema.
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