En 2016, Colombia firmó el acuerdo paz con las FARC- EP, con lo cual se creó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en aras de evitar la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de los actores que participaron en el conflicto armado. En este contexto, la JEP tiene conocimiento del caso 001 en el cual se reportan cerca de 208.000 integrantes de las Fuerzas Militares como víctimas del conflicto armado. Esto evidencia que existen diferencias de aplicación en la garantía de los derechos de una víctima civil y una víctima militar. Se aborda el proceso ante la JEP, describiendo el reconocimiento, participación y reparación cuando la víctima hace parte de las Fuerzas Militares en contraste con las garantías generales de protección de las víctimas.
El desarrollo de tecnologías dinamizadas por la inteligencia artificial (IA) representa un desafío adaptativo para ciencias tradicionales y rígidas como el derecho. Debido a las características de los diversos métodos o procedimientos usados de forma automatizada, se presenta una relación antagónica entre implementación de herramientas de reconocimiento facial y los derechos considerados garantías constitucionales y fundamentales en el sistema de derechos humanos. El objetivo es describir el funcionamiento de los sistemas de visión involucrados en la IA, presente principalmente en las herramientas de reconocimiento facial, examinando la manera como se relacionan con el derecho penal y reconociendo los riesgos a los derechos humanos en este proceso. Para ello, se usó una metodología cualitativa-inductiva, realizando análisis de fuentes primarias y secundarias, estudios de caso y legislaciones de diversas jurisdicciones relacionadas con reconocimiento facial y su aplicación en las etapas de indagación e investigación en el proceso penal. Como resultado se obtuvo que en dichas etapas existe un riesgo a las garantías de un debido proceso y de no discriminación.
El derecho a la salud ha sido objeto de análisis por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de los casos contenciosos donde ha interpretado su contenido y alcance, emitiendo diferentes estándares de protección por medio de una conexión e interrelación entre los derechos humanos a la vida en condiciones de dignidad e integridad personal contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así mismo ha identificado diferentes espacios convencionales derivados de las obligaciones internacionales de los Estados Partes, como la posición de garante del Estado ante los grupos vulnerables, los derechos sexuales y reproductivos y la salud mental
empezó a considerar al medio ambiente un factor importante y que merece una especial protección por parte de los entes estatales. De esa manera, la CAPÍTULO 2.
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