Sin duda, los años 2019, 2020, 2021, y en una prospectiva de que acontecerá durante el 2022, son y serán años que nos han marcado como docentes desde los grados básicos hasta los de nivel superior, pasando por licenciatura hasta los posgrados académicos en todo México, esto debido a la pandemia del COVID-19, enfermedad que nos ha obligado a innovar las formas de impartir clases, utilizando nuevas tecnologías de la información que, si bien ya las teníamos, no era necesario utilizarlas al 100%. Esto obligó a que muchos docentes se actualizarán y las utilizaran en consecuencia; todo esto no solamente innovó el quehacer del docente y sus formas de impartir clases, sino que también trajo como consecuencia las reformas a la Ley Federal del Trabajo Mexicano. El objetivo general de esta investigación es analizar el tipo de mobbing laboral que se presenta en profesionales que laboran en el área de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. La investigación es de nivel exploratorio-descriptivo, con enfoque cuantitativo, de tipo transversal, se aplicó a través de la aplicación de un formulario de Google Forms con una escala Cisneros como herramienta de valoración del mobbing y una serie de preguntas que permitieron obtener la percepción del hostigamiento laboral y el conocimiento de derechos laborales, la muestra fue no probabilística y de forma voluntaria. Dichos resultados obtenidos están en concordancia con más de cinco casos de acoso laboral de los cuales tuvimos conocimiento y que fueron motivo para realizar la presente investigación, además, de haber identificado actitudes y acciones relacionadas con el mobbing laboral mismos que los encuestados reconocen.
Sin duda la sociedad mexicana va cambiado poco a poco derivado de los avances tecnológicos, la globalización, la mundialización de la economía, el flujo de la información en tiempo real, elementos que contribuyen crear de la nuestra una sociedad más crítica, demandante y exigente en cuanto a derechos, rebasando en mucho al gobernante que se quedó con un visión del siglo pasado incluso antepasado en donde reinaba un ambiente de nepotismo, dilación y corrupción, negando con ello que el ciudadano tuviera voz o voto en las decisiones importantes para el desarrollo del País. Sin embargo en pleno siglo XXI ya el panorama es diferente hoy en día se reclama uno de los principales males que en parte fue la decadencia de grandes civilizaciones en la historia de la humanidad como lo es el combate a la corrupción y retomando una frase célebre de Lee Kuan Yew, Primer ministro de Singapur; abogado, estadista y político, él decía algo muy cierto, que impacta pero que prepara para lo siguiente: “Si quieres derrotar la corrupción debes de estar listo para enviar a la cárcel a tus amigos y familiares”
El presente estudio consistió en indagar si la población indígena del municipio de Xochiatipan, Hidalgo, tiene acceso y pleno uso del derecho a la seguridad social, incluso como un derecho humano, ya que en la actualidad en México este y otros derechos sociales se han transformado a tal grado que se han clasificado como derechos humanos.Por tal motivo se recabó información a partir de una muestra: en total 273 encuestas, conformadas por una batería de preguntas sobre pobreza, pobreza alimentaria y relacionadas al derecho a la seguridad social, fueron aplicadas a miembros de siete comunidades de dicho municipio. Específicamente con el objetivo de conocer quiénes de los participantes cotizaban ya sea en el Instituto de Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), en el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (Issfam), en el Hospital de Petróleos de Mexicanos (Pemex) u otra institución pública o privada, gracias a lo cual tuvieran la posibilidad de contar con pensión, jubilación, derecho a adquirir vivienda o servicios de salud.En el análisis de los resultados estadísticos se obtuvieron frecuencias a partir de las preguntas. En cuanto a la pregunta de a qué se dedican: 40 % respondió que son jornaleros, 35 % que son albañiles y 25 % que ayudantes de albañil. Mientras que del cuestionamiento sobre si acuden a alguna de las instituciones antes mencionadas, se extrae que el derecho a la seguridad social no es ejercido por la totalidad de los encuestados. Por extensión, al no cotizar en dichas instituciones, ninguno cuenta con pensión o jubilación. En suma, estos grupos indígenas viven en un estado de indefensión, así como descobijados por el Gobierno mexicano, con todo lo cual se violentan los derechos humanos consagrados en nuestra máxima ley.Como conclusión se propone una iniciativa de ley dirigida a la Cámara de Diputados Federal para que reconozca que todo trabajo productivo realizado por las comunidades indígenas aquí representadas cotice, pague los impuestos correspondientes y, con ello, se pueda acceder a una seguridad social amplia.
Una mirada desde el trabajo social
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