Los estudios sobre la frontera la han mostrado como construcción social y política, de carácter dinámico y campo de tensión y conflicto. Este trabajo trata de aplicar el enfoque de la frontera al concepto de ciudadanía. Se pone en cuestión la idea de ciudadanía como condición formal cerrada y completa y se presenta como proyecto normativo abierto e inacabado. En el mismo, los derechos constituyen la base ética sobre la que se producen los procesos de expansión y extensión de la ciudadanía que rompen los moldes del modelo sedentario de comunidad política. Pero es su dimensión política la que muestra la necesidad de ampliar la inclusión en un orden político-jurídico capaz de protegerlos y garantizarlos. El vínculo con el Estado no desaparece, pero se integra en un sistema de ciudadanía multilateral que solo puede alcanzarse desde la ampliación progresiva de experiencias cosmopolitas.
El trabajo tiene por objeto distinguir los valores e intereses que se tratan de proteger bajo el concepto genérico de privacidad. Junto al planteamiento liberal de esos valores, en términos de aislamiento, intimidad, confidencialidad o autodefinición, y las aproximaciones más recientes a la privacidad informacional o protección de datos personales, se expone cómo el entorno digital ha supuesto un cambio cualitativo en la comprensión del concepto que favorece especialmente la consideración de su dimensión social y política. La privacidad tiene relevancia pública en cuanto que se trata de un bien colectivo, es un elemento constitutivo de una sociedad democrática, debe condicionar una esfera pública inclusiva y plural y requiere transparencia y control públicos del sistema socio-técnico institucional. Por ello, se argumenta que la protección de la privacidad no puede organizarse conforme a un modelo de autogestión individual, sino con medidas y normas colectivas públicas y generalmente justificadas. Agentes privados y públicos deben estar conjuntamente comprometidos con la garantía de la igual capacidad de todo individuo de pensar, elegir, vivir y participar en que puede sintetizarse el núcleo complejo del concepto de privacidad.
La regulación jurídica de la nacionalidad la instituye como frontera que delimita, más allá de la entrada al territorio, la pertenencia a la comunidad política. La facilitación de la adquisición de la nacionalidad, con el objeto de integrar a quienes comparten un interés común en el futuro de la comunidad, es un instrumento necesario, aunque insuficiente, de democratización, en primer lugar, en cuanto sirve internamente a la expansión potencial del cuerpo político-jurídico, incorporando a los sujetos socialmente ya integrados. Y, en segundo lugar, en cuanto se extiende hacia el exterior con el compromiso del Estado con su función de agente de justicia global.
Las diversas corrientes del denominado «feminismo de la segunda ola», que se desarrolla a partir de los años sesenta del siglo XX, coinciden en que la consecución de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres no ha logrado eliminar la discriminación que subyace a las estructuras sociales en las que aquellos se relacionan. Tanto la teoría feminista liberal como la marxista y socialista adoptan el concepto de patriarcado del feminismo radical conforme al cual la incorporación de las mujeres en el ámbito público se habría producido a costa del mantenimiento de estructuras privadas de subordinación. Por ello se considera que la igualdad exige tanto a la teoría de la justicia como a la teoría política plantearse la discriminación que subyace al sistema económico y laboral, las relaciones familiares, la reproducción, la sexualidad, etc. La teoría política y moral liberal, con su ideal formal de igualdad, habría propiciado una separación u oposición entre lo público y lo privado que perpetúa en este último ámbito relaciones de discriminación.Se considera que la universalización de los principios liberales conlleva la crisis de los propios presupuestos morales y políticos del liberalismo. En primer lugar, obliga a revisar el alcance de la separación entre los principios de justicia y las exigencias de la «vida buena». En segundo lugar, obliga a reflexionar sobre las formas de participación y representación políticas. Las distintas corrientes feministas han hecho aportaciones diversas a los problemas relativos a la participación política de las mujeres, como el conocido lema radical de que «lo personal es político» o el planteamiento de un nuevo modelo de lo político de autoras como I. M. Young o S. Benhabib.Isabel Turégano Mansilla 319 * Este trabajo ha sido realizado con una ayuda a cargo del Programa Nacional de I+D+I, proyecto BJU2000-0277, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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