Como reacción a la contaminación del lago Villarrica, actores territoriales se movilizaron para exigir mayor protección ambiental. En respuesta, el gobierno chileno estableció un proceso colaborativo para elaborar el Plan de Descontaminación Ambiental. No obstante, el proceso no logró responder a las expectativas de las organizaciones territoriales, generando un cuestionamiento público hacia el Plan y a las motivaciones del gobierno. Para reducir la brecha entre la teoría y la práctica de gobernanza, se propone una metodología para analizar el proceso de gobernanza colaborativa realizado. Se concluye con recomendaciones para lograr mejores resultados y legitimidad.
En América Latina, emergen controversias en territorios rurales sobre proyectos de desarrollo que a menudo se transforman en conflictos, debido a sus efectos ecológicos, materiales, económicos, sociales y culturales. Para reconstruir las controversias acerca de la promoción estatal de la acuicultura sustentable, se describen los marcos interpretativos que se ponen en juego entre los actores regionales. Este estudio se basó en un análisis sociológico del discurso de tipo hermenéutico de las respuestas orales a las preguntas abiertas originadas en la aplicación de un cuestionario estructurado, mediante entrevistas individuales cara a cara, a 27 informantes clave de las regiones del Biobío y de Ñuble en el centro-sur de Chile en el año 2018. En estos territorios rurales del centro-sur de Chile, la controversia sobre la acuicultura es más social que ambiental. Se relaciona con dos marcos o modalidades de interpretación de la acuicultura sustentable y que se enraízan y legitiman por los actores territoriales; un marco enfatiza la acuicultura como una promesa de bienestar a través de nuevas actividades; otro significa la acuicultura en cuanto una actividad económico-política que no solo es cuestionable por su falta de generación de valor socioeconómico en el territorio, sino que involucra las decisiones de los modos de vida futuros. Una historia extractivista, combinada con la ambigüedad del Estado, parece limitar las opciones imaginadas al menos en sus marcos de interpretación; en territorios rurales con un pasado reciente de extractivismo, la promoción estatal de acuicultura seguirá siendo controversial si no se logra generar valor local.
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