El presente artículo se centra en el análisis de la correcta interpretación de la carga de la prueba en el proceso civil español desde la perspectiva del modelo constitucional de juicio justo. Más concretamente, se examina el art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil española, actualmente vigente, con especial atención a su último párrafo en el que se incorpora, como criterio complementario, el relativo al principio de disponibilidad o facilidad probatoria. De igual forma, se analiza, de forma crítica, la no incorporación del principio de facilidad o disponibilidad probatoria en el último texto conocido, de 2014, del Proyecto de nuevo Código Procesal Civil chileno, actualmente en proceso abierto de debate.