“…Hoy, prevalece un nuevo concepto de seguridad, de manera que el deber se orienta a denegar el accionar de los GAO y los GDO, lo cual significa atacar las economías ilícitas y, conjuntamente, implementar una política de seguridad multidimensional que represente los intereses nacionales, asegure el Estado de derecho, vigorice la legitimidad democrática de las instituciones, promueva, cumpla y garantice el respeto de los derechos humanos (Cubides-Cárdenas, Suárez, & Sierra-Zamora, 2018;Cubides-Cárdenas, Sierra-Zamora, Caldera, Ávila, & Sepúlveda, 2018) y se convierta en el motor de la transformación estructural de la frontera. Solo de esta forma se logra garantizar la hegemonía territorial, y la PDS es un instrumento que representa los intereses nacionales e internacionales de convivencia, paz y estabilidad regional y global (Fernández-Osorio, 2019).…”