“…La importancia de estas estrategias radica en la protección de los derechos humanos, la contrarrestación de la violencia generalizada, la creación de un marco legal sólido, el acceso a servicios de apoyo, la coordinación interinstitucional, la sensibilización y el aumento del nivel educativo(Goyas et al, 2018). Además, se destacan las acciones específicas llevadas a cabo por el gobierno peruano, como la expansión de centros de atención de urgencias, unidades fiscales especializadas y leyes específicas para abordar la violencia de género, incluida la Ley 30364 (2015)(Huaita & Hancco, 2021;Goldberg et al, 2021).En cuanto al derecho a la integridad, se considera inalienable y universal, protegiendo a todas las personas de trato inapropiado o cruel, incluyendo actos degradantes, inhumanos o que pongan en peligro sus vidas(Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1969;Mejía, 2019;Chamba-Parra et al, 2020). Este derecho es fundamental para salvaguardar la dignidad y la igualdad de las personas, especialmente en el contexto de la violencia de género, donde desafía las actitudes y normas que perpetúan la violencia(Aguilar, 2022).…”