“…Más allá de sus nociones estrictamente normativas y legales, las políticas descentralizadoras encierran múltiples propósitos, no necesariamente compatibles entre sí; generalmente se muestran entremezclados, pero con frecuencia obedecen a imperativos de tipo administrativo, político y económico. Los esfuerzos descentralizadores pueden estar orientados a extender el poder y la toma de decisiones a diferentes grupos, mejorar la eficiencia de las burocracias, legitimar la acción del Estado ante la sociedad, resolver el desarrollo regional desequilibrado, fortalecer los ámbitos estatal y municipal; también, a reducir las responsabilidades del aparato central debido a dificultades financieras e impulsar iniciativas de privatización (Bray, 2013;Jaramillo-Cardona, 2010). 7 En general, los propósitos sobre la descentralización buscan afectar, en principio, dos procesos asociados a la coordinación entre niveles de gobierno y agentes de la sociedad: los relativos a la redistribución de los recursos y aquellos de tipo decisorio, con el fin de potenciar procesos de ajuste mutuo, es decir, propiciar el ejercicio de controles multilaterales entre una mayor cantidad de participantes en contraposición a controles jerárquicos o unilaterales (Lindbloom, 1994).…”