A finales de la década de 1990, el Estado peruano inició un proceso de reformas políticas en materia electoral que promulgó, por primera vez, una ley que estableció que las listas de candidaturas a todo nivel político debían tener la participación de, al menos, un 25% de mujeres en su composición. Se trató del primer paso a las políticas de inclusión ciudadana de los sectores históricamente discriminados. En el siglo XXI nuevas iniciativas legislativas aumentaron la cuota de género y establecieron cuotas para pueblos indígenas y para la participación juvenil. El presente artículo, desarrolla un balance histórico de los distintos procesos que promovieron la participación política de los sectores históricamente excluidos en la vida política y presenta la ausencia de mecanismos que promuevan la participación de grupos sociales discriminados.