El artículo tiene por objetivo analizar cómo la política migratoria de disuasión en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) se ha caracterizado por su militarización. Se trata de un análisis cualitativo, con revisión de fuentes secundarias, entre ellas literatura, leyes, reglamentos, así como informes del Poder Ejecutivo del Gobierno Federal Mexicano, otras instituciones gubernamentales y de organizaciones de la sociedad civil. Se observa que la militarización en la política de disuasión se presenta en tres de los cuatro parámetros a partir de los cuales se planteó el análisis: nombramiento de militares en algunos de los cargos de una institución civil como el INM; operación de facto con prácticas castrenses y bajo el mandato de la propia Sedena, en algunas instituciones, como la GN, encargadas de poner en marcha la política de disuasión; la transferencia a las fuerzas armadas de actividades, funciones y facultades civiles, como la vigilancia y aseguramiento de migrantes.