“…Este objetivo convierte a este trabajo en relevante, en cuanto las relaciones y reacciones entre las disposiciones administrativas y los administrados constituyen una forma de medición de la conflictividad de una política turística. Además, si bien la judicialización de las decisiones públicas ha sido abordada desde diversos ámbitos académicos con diferentes enfoques (Tate y Vallinder, 1995;Gargarella, 1996;Waldron, 1999;Ferejohn, 2002;Guarnieri y Pederzoli, 2003;Couso, 2004;Domingo, 2004;Estévez, 2004;O´Donnell, 2005;Dente y Subirats, 2013;Feoli, 2014;Alvarez, 2015;Sieder, Schjolden y Angell, 2011;Boscán, 2010;Cámara, 2016;, no ha sucedido lo mismo con la literatura relativa a la planificación territorial del turismo, destacando, entre otros, los trabajos de Elliot (1997), Jamal y Getz 2000 Nos basamos en una investigación empírica realizada bajo la metodología de estudio de caso sobre la judicialización de la política de moratoria turística implementada en el destino Islas Canarias (España) a partir de 2001. Se trata de uno de los principales destinos turísticos vacacionales de litoral de Europa; prueba de ello es que, según el Instituto Canario de Estadística, recibió 15.975.507 visitantes en el año 2017, ocupando el primer puesto en el ranking de pernoctaciones en establecimientos turísticos de no residentes de la Unión Europea.…”