“…Asistimos así, a un proceso de globalización, dentro de una globalización de la movilización de las comunidades contra la minería y, por otro, la localización y fragmentación de estas protestas en el país (Paredes, 2016), mientras los gobiernos en AL como Argentina y Perú modificaron su marco jurídico para promover la expansión extractiva, y generar ingresos y transferirlos a los gobiernos regionales o federales (Hilson, 2002), ( Huwiler, Godfrid, y Mendoza, 2016). Chile, que no se ajustó totalmente al modelo privatista, en 1980 apertura el ingreso de capitales en minería, presionando a la propia Corporación del Cobre CODELCO a mejorar sus sistemas de gestión, eficiencia y competitividad (Moguillansky, 1998), de este modo los impactos de la inversiones mineras directas tienen casi un común denominador para América Latina (Avendaño, 2013), bajo el supuesto de que a mayor inversión mayores serán los puestos de trabajo, y la competitividad de las empresas (Chiatchoua, Castillo y Santibáñez, 2016). Situación que planteas nuevos retos participativos, planificación multidisciplinario y multi-stakeholder; considerando los impactos acumulativos, sociales y ambientales de la minería, y la compensación por el uso de la tierra y el valor de los recursos a extraer (Lechner et al, 2017).…”