Impacto del riesgo político en la inversión privada en el Perú, periodo 1992-2018.

Abstract

Este artículo tiene como objetivo determinar cuál es el impacto del riesgo político del Perú en la inversión privada. La metodología utilizada es la estimación econométrica de un modelo autorregresivo con retardos distribuidos (ARDL, por sus siglas en inglés) para el periodo comprendido entre el segundo trimestre de 1992 y el segundo trimestre del 2018 (1992q2-2018q2). Para ello, se toman en consideración los efectos a corto y largo plazo del riesgo político y luego se evalúa si este riesgo generado bajo los diferentes regímenes políticos del periodo de estudio ha tenido algún impacto en la inversión privada del país. Los resultados indican que para el Perú el riesgo político no afecta a la inversión privada ni de corto ni de largo plazo. En el largo plazo, la inversión privada depende significativamente del precio del cobre, el PBI real y el tipo de cambio real, mientras que en el corto plazo depende de la evolución del PBI real. Los resultados muestran que el régimen político, sea democrático o no, no tuvo ningún impacto en la evolución de la inversión privada.

Perú un país competitivo o en detrimento económico. Análisis desde el ranking mundial 2020

“…Al analizar la figura 2, se evidencia que el indicador eficiencia del gobierno, pasa a constituirse en el centro del puntaje del ranking, por cuanto permite posicionar la confianza al inversionista internoexterno en invertir para movilizar la economía del país, por lo que se requiere contar con gobiernos democráticos y que brinden percepción positiva de respeto de las leyes, robusteciéndose lo jurídico como norma de convivencia social, lo que se traduce en reglas claras para la inversión (Sánchez-Dávila & Cedano-Requena, 2020).…”

“…La definición anterior se basa desde la economía y geografía económica, lo cual brinda una visión global del término, refiriéndose no solo a lo local, sino, a un contexto donde compiten países de una región para insertarse en mercados internacionales con la intención de lograr un crecimiento económico que pueda contribuir en propiciar una mejor y mayor inversión privada en el país con la finalidad de diversificar la economía, así como lograr captar tributos en favor de la inversión social, siendo necesario incluso, cuidar la imagen política del país con la finalidad de enviar señales de credibilidad, confianza, sobre que es un Estado seguro para invertir y negociar (Sánchez-Dávila, et al 2020).…”