Entre políticos y criminales: corrupción política en Colombia 2013-2018

Abstract

Corruption is a crime that generates political hardships, particularly to the construction of the State and democracy. The latter, since it restricts the ability of institutions to promote the general welfare through the creation of secret powers that hinder the idea of democracy as a public power that performs before the public. Thus, political corruption creates a secret power, controlled by public officials and professional politicians who favor diverse criminal networks associated with other crimes; affecting like this the institutions and the principle of publicity in democracy. The objective of the research is to analyze political corruption in Colombia between 2013 and 2018 from the perspective of Transnational Organized Crime (TOC). For this purpose, to address political corruption as a transnational crime, it is necessary to overcome the phenomenon of the narcotization of crime and recognize that political corruption is also a relevant crime; which functions in a network and is associated with other criminal dynamics to seek economic benefits for the State or to affect it. The methodological approach was qualitative and, the phenomenological-hermeneutical method was used in the analysis of historical information collected since the 16th century that served as a context to establish the relationship of corruption with other crimes in the country and the different cases of corruption analyzed in the period of study. Only those cases that fit the analysis of transnational corruption, because of links to other networks are considered. It is evident that between 2013 and 2018 there were cases of political corruption with criminal links associated with drug trafficking, money laundering, and prostitution, among others. However, several of these facts do not seem to have the same informational relevance as typical cases of bribery, illegal campaign financing, or contracting cartels. This is understood as an opportunity to continue deepening these types of investigations.

Razonamientos Legales de la Contratación Estatal en Colombia Contra la Corrupción

“…Sosa (2021), en ese sentido trabajó mucho en agregar lo que las Naciones Unidas exponen en cuestiones de los objetivos de desarrollo sostenible que para último milenio debe cumplir el propósito de atender necesidades sustanciales de la sociedad bajo condicionamiento innovadores capaces de prevenir la criminalización y la recuperación de activos que faculten notorios avances en lo que puedes decir la optimización del Estado. Considerando que la corrupción es un mal arraigado de la función pública consientes en mantener un contacto más influyente sobre cuestionamientos favorables y no tanto en la toma de decisiones por parte de los interventores públicos encargados de predisponer del erario público obtenido por medio del recaudo tributario (Bustamante, 2020).…”

“…Teniendo en cuenta que la corrupción es uno de los temas más cuestionados en Colombia por ser un condicionante de alto impacto con graves repercusiones en el desarrollo de la sociedad (Chavarriaga, 2023), se manifiesta como una contrariedad jerárquica de las funciones sin la posibilidad de socavar estos actos; al contrario, parece fortalecerse conforme avance el tiempo a pesar de la inclusión de nuevos esquemas de gobierno que siempre ponen en primicia de campaña su compromiso para contrarrestar esta cuestión (Bustamante, 2020). Para Chavarriaga (2023), usualmente estas acciones manejan una gran cantidad de recursos públicos que, en términos analíticos son evidenciados en los diferentes informes investigativos recalcados por la constancia progresiva de los desfalcos financieros, capaces de arruinar el erario público y generar un déficit fiscal en consecuencia absoluta.…”

Correlación entre la Celebración de Contratos Públicos y Procesos Electorales en Colombia: Una Mirada desde el Delito de Corrupción de Sufragante

“…La regulación de la financiación de la actividad política ha pasado por etapas diferenciadas en Colombia. Antes de la Constitución Política de 1991 la regulación del funcionamiento de los partidos políticos era casi que inexistente y dispersa, y no contemplaba la financiación pública de los procesos electorales (Piedrahita & Ponce, 2020). De ello puede inferirse que las actividades políticas eran financiadas por fondos privados de las familias y de quienes hacían parte del partido (Gómez, 2019).…”