Entre la juridificación y la profundización de la democracia social: elementos para pensar los conflictos alrededor de los manuales de convivencia en las instituciones educativas y los derechos fundamentales de los estudiantes

Abstract

El presente texto tiene como objetivo central abordar el debate acerca de la definición de reglas en los manuales de convivencia y las formas de mediar conflictos entre los distintos actores del sistema escolar en Colombia. El análisis describe las tensiones entre legitimidad y democracia por un lado y disciplina y autonomía de las instituciones por otro, a partir de dos referentes teóricos, el planteamiento de Habermas sobre la noción de juridificación y de Bobbio sobre democracia social. La investigación es de tipo teórico, se propone una reflexión desde la hermenéutica crítica de los resultados del análisis documental de las decisiones de la jurisprudencia colombiana sobre manuales de convivencia. La revisión de los referentes filosóficos y el análisis de la forma en que se ha abordado el conflicto en las instituciones escolares permitieron concluir que a pesar de que exista una juridificación de la escuela que se visibiliza con la intervención vía tutela contra las instituciones, en muchas ocasiones esto ha sido una respuesta de los distintos actores para frenar la ausencia de democracia social en las instituciones escolares.

Debates contemporáneos en derecho de familias, de infancias y de adolescencias. Desafíos y realidades

“…Decisiones judiciales que invalidan elementos particulares de las leyes o los manuales de convivencia de los colegios, que son fruto de la decisión de sus autores, sean legisladores o instituciones escolares, quienes también se apoyan en su derecho de crear reglas de convivencia, derecho protegido por la Ley. A pesar de la reacción negativa que dichos conflictos judiciales y las órdenes emitidas por los jueces han generado (Aguirre et al, 2019), lo cierto es que los jueces que toman estas decisiones lo hacen en cumplimiento de la defensa de la Constitución y los valores democráticos a los que están obligados los colegios. En estas decisiones se identifica la defensa de una visión de democracia no mayoritaria, sino basada en la dignidad de los individuos humanos y sus derechos fundamentales.…”

Políticas de gestión de la convivencia escolar

“…Esto conlleva a que se cuestione la judicialización de la convivencia escolar, por ende, no se propicia la posibilidad de llegar a acuerdos para la valoración de las normas, por el contrario, muchas veces son vistas como un factor punitivo o de carácter autoritario. Frente a ello, es necesaria la apertura de un marco de mayor participación de todos los agentes educativos para ser aceptado u obtenga su legalidad social (Aguirre Román et al, 2019;López et al, 2020). En consecuencia, los gobiernos van tomando conciencia de que la violencia se convierte en una política de salud pública ya que la violencia ha ido en aumento, en las calles y también en las escuelas.…”

“…La normatividad puede ser concebida de distintas formas, dependerá del concepto que se tiene de convivencia escolar y cómo es percibida por los actores involucrados: legalista, punitiva, conciliadora, autoritaria, ilegal, formadora, preventiva; asimismo, se considerará la relación, contacto e interlocución entre los directivos, docentes y familias (Fuentes y Perez 2019). También, la juridificación de las normas, reglas, manuales y protocolos de convivencia producen tensiones que pueden vulnerar derechos del estudiante o del docente; de igual modo la elaboración de las normas se ve asociada a políticas punitivas o formadoras (Aguirre Román et al, 2019;V López et al, 2020). Lo cierto es que, en el diario vivir del docente y del estudiante, se experimenta una serie de actividades y percepciones ligadas a la normatividad de la convivencia escolar, lo cual indica seguir determinados protocolos impuestos y que dan poco lugar a la adecuación de la realidad educativa.…”

Resistencia de la escuela al reconocimiento de los derechos de estudiantes

“…Cuando este recurso se falla en favor de la escuela, el demandante puede optar por el recurso de interponer el reclamo ante la Corte Constitucional como última instancia, en lo que se ha denominado juridización de la escuela (Cortés, 2013). Ello presenta dos implicaciones: la subrayada por Habermas, por la que el campo escolar y el campo jurídico terminan asumiendo asuntos que no les competen y en lo que no son especialistas; y la que se deduce a partir de Bobbio, en relación a que llegar desde otros campos al campo jurídico es un recurso dentro de la participación democrática cuando las posibilidades de dirimir los con%ictos se agotan (Aguirre et al, 2020). Se plantea así que la lucha por el reconocimiento de los derechos de los NNA se vive en la escuela, pero sale de dicho campo para ser dirimida en la arena jurídica.…”

“…Tal como lo sostiene Cruz (2018, p. 233), como parte de las luchas sociales (que son estrategias para aumentar el capital en el campo respectivo) se intenta llegar hasta el campo jurídico, en especial a las cortes de justicia, puesto que son órganos que estructuran a la sociedad en general y tienen el poder de regular a otros campos (como el escolar). Esta es una de las alternativas de la lucha social de estudiantes, como politización, al intentar alcanzar al Estado como garante de derechos (Alarcón, 2020), dentro de las posibilidades de la democracia cuando los con%ictos no pueden ser dirimidos en los campos no jurídicos (Aguirre et al, 2020;Sáenz & Barrera, 2020).…”