“…En Perú, la impunidad preocupa por el incremento de la transgresión de los derechos de la víctima ante justicia efectiva por parte del sistema penal, de las sesenta mil denuncias por ejemplo de violencia contra la mujer, solo el 6 % han recibido sentencias condenatorias; situación generada por la falta de capacitación de los colaboradores de la justicia y el desconocimiento de los derechos, en el proceso penales, que tienen las víctimas(DEFENSOR ÍA DEL PUEBLO (2021), p. 1). La gobernanza criminal, es decir que la imposición de conductas y restricciones, cuenta con tal impunidad se da desde la administración estatal, de modo que deciden que solo castigan a algunos y con otros son tolerantes por los funcionarios corruptos, y las redes de poder hegemónicas, integrados por agentes políticos, cuerpos de seguridad y otros funcionarios de altos rangos, traduciéndose en una falta de institucionalidad gubernamental de enfrentarlos por medio de la represión y el sistema penal (MARTENS et al (2022), p. 9).…”