La relevante posición de la libertad de expresión en el sistema democrático y la dificultad de limitar los discursos que pueden colisionar con otros valores y bienes jurídicos igualmente necesarios para la convivencia ha sido uno de los temas clásicos a los que se ha enfrentado el Derecho Constitucional. En un contexto de crispación política, acrecentado por la difusión que alcanza la libertad de expresión a través de las redes sociales, la cuestión recobra actualidad, poniendo en el centro del debate si el Estado debe o no tolerar discursos políticos intolerantes y cuáles deben ser, en su caso, los mecanismos para proteger la dignidad y otros valores afectados. Este trabajo pretende analizar, desde una perspectiva constitucional, el alcance de la dimensión objetiva de la libertad de expresión y la compatibilidad de limitar discursos de odio que puedan producirse en el ámbito político con el modelo de democracia no militante del sistema español.