Cumplimiento en pago de contribuciones: autoridades fiscales versus religiosas en México

Abstract

Se investiga la posibilidad de recaudar aportaciones voluntarias para el financiamiento de bienes comunes a través de dos mecanismos: confianza y correspondencia fiscal. Ambas hipótesis se evalúan empíricamente por medio de diseño experimental levantado en tres localidades rurales de México. Los resultados sugieren que la disposición a contribuir aumenta cuando el bien a financiarse es observable y que el nivel de confianza fiscal es equivalente entre la autoridad fiscal y el otro agente recaudador, como lo es el mayordomo en las comunidades rurales mexicanas, siempre y cuando el bien sea observable y tangible.

Determinantes del recaudo del impuesto a la propiedad inmobiliaria: Un enfoque estadístico para México

“…En tanto, el gobierno municipal es la autoridad responsable del desarrollo de infraestructura local y establecer redes de comunicación con los otros niveles de gobierno. Como consecuencia, es un contrasentido pagar un impuesto a la propiedad a una autoridad sin legitimidad (Chávez, Elbittar y Trillo, 2015). De esta forma se argumenta que, en predios comunales o ejidales, es poco probable cobrar el impuesto a la propiedad.…”

“…Un tercer factor administrativo determinante está vinculado con los mecanismos punitivos. Esta estrategia administrativa señala que una forma de incrementar la presión tributaria es a través de incrementar los mecanismos de coerción estatal que permitan sancionar a los evasores de manera relevante (Chávez, Elbittar y Trillo, 2015). Esta estrategia implica que el municipio asimilará los costos de esta decisión.…”

“…Entre los costos más importantes son, los costos derivados por los actos autoritarios de coerción (más inspectores fiscales) y los políticos. Los costos políticos se derivan por la presión de los contribuyentes que defenderán sus privilegios fiscales y exigirán mejores servicios y/o obras públicas (Chávez, Elbittar y Trillo, 2015). Así, los municipios que asignan sanciones ejemplares a los evasores tendrán mayores niveles de cumplimiento que los municipios que no asignan sanciones relevantes, pero, al mismo tiempo, son municipios susceptibles a la inspección pública.…”