“…En este escenario, el delito de coacción, constituye un delito que con frecuencia se imputan a los integrantes de las rondas campesinas del ámbito de la Fiscalía Mixta de Soritor, manifestando los denunciantes que estas organizaciones comunales han cometido excesos al impartir justicia, pues se ha coaccionado a las personas, o han sido sometidos a actos de violencia para que la persona acepte una infracción, los cuales al ser analizados y entrar a la fase indagatoria en la Fiscalía son archivados debido fundamentalmente a los aspectos del principio de legalidad, donde al no existir un marco legal claramente definido y por tanto tipificado como tal, no se puede imputar delito alguno en estas denuncias, por tanto la mayoría de ellas se archivan en sede fiscal (Vicente Cabedo, 2005), Desde la concepción del derecho consuetudinario, se dice que este se aplica a las comunidades campesinas y nativas; sin embargo, si bien la ley expresa de forma taxativa esta definición, las comunidades rurales del ámbito jurisdiccional del distrito de Soritor no presentan esta condición de forma tal, pues no tienen el reconocimiento oficial de autoridad competente para tal consideración; sin embargo, muchas de estas comunidades alegan que si tienen tal condición, por tanto, su accionar también debe estar enmarcado dentro los elementos que constituye la aplicación del derecho consuetudinario (Bramont-Arias, 1995).…”