INTRODUCCIÓNEl aumento sostenido de la pobreza en Latinoamé-rica y el Caribe durante los últimos 20 años, como de sus nuevas expresiones, aceleradas en este siglo debido al aumento de los precios del petróleo, de los alimentos básicos, y de la especulación con el capital (1-3), ha llevado nuevamente a los gobiernos y agencias internacionales a centrar sus esfuerzos para garantizar a nivel de país, hogar e individuo, un mínimo de alimentos que permita llevar en cada nivel un estilo de vida productivo y saludable (4). Esta preocupación ha facilitado recrear el término "seguridad alimentaría", el cual en una versión amplia incluye además del derecho a la alimentación, el del acceso al agua potable (4-6).La seguridad alimentaria (SA) tradicionalmente se ha medido en el ámbito de un país con "hojas de balance" de alimentos y en poblaciones con estudios del consumo dietario en hogares e individuos (7). De manera indirecta la SA se estima a través del costo de la canasta básica alimentaria o el estado de nutrición (7). Más recientemente la SA a nivel de hogar se ha estimado con escalas simplificadas (8-23). En los últimos 25 años éstas han sido utilizadas para estimar el riesgo, la magnitud y la severidad de la inseguridad alimentaria (IA) en el ámbito del hogar. También para focalizar programas de ayuda gubernamental, evaluar su impacto (24), e incluso para simular modelos en los cuales se sustenta la política pública (25).Las escalas más utilizada en Latinoamérica y el Caribe, son derivadas de la propuesta por Wehler en 1992 para obtener un índice de hambre (8). En Colombia, una versión adaptada y validada factorialmente en una