El régimen convertible en Argentina, vigente desde 1991 hasta 2002, supuso una reestructuración de las relaciones entre los actores económicos y el Estado, en particular en la faz fiscal. Estas mutaciones alentaron la emergencia de acciones colectivas de protesta, no solo por parte de las asociaciones que tradicionalmente habían representado a los productores agropecuarios, sino también de colectivos que se configuraron a partir de la crítica situación. El objetivo de este artículo es reconstruir esa coyuntura a partir de las demandas y de las representaciones de los mencionados actores agrarios, en especial aquellas que hacen referencia al Estado y el lazo fiscal.