“…En materia de garantías para el ejercicio de los liderazgos femeninos, las extensas normativas internacional y nacional imponen obligaciones expresas al Estado, todas encaminadas a eliminar la discriminación y todas contra las formas de violencias que se sustentan en la idea de inferioridad e incapacidad de las mujeres con relación a los hombres. No obstante, a pesar de estos avances normativos, la invisibilización de las problemáticas de las mujeres, y especialmente de las lideresas sociales y defensoras de derechos humanos, se convierte en la primera forma de incumplimiento a las normas, facilitando el escalamiento de la violencia y la impunidad frente a estos hechos (Silva Aparicio, 2020).…”