Constitución y Cárcel: La judicialización del mundo penitenciario en Colombia

Abstract

Resúmen Desde la expedición de la Constitución de 1991 se ha producido un intenso proceso de intervención judicial en el sistema penitenciario colombiano. Este proceso ha sido impulsado por una novedosa forma de resistencia a las condiciones infrahumanas de reclusión a través de la utilización del derecho por parte de personas privadas de la libertad, organizaciones no gubernamentales y clínicas jurídicas. Este artículo se centra en la descripción de los procesos que dieron lugar a las tres decisiones estructurales más importantes de la Corte Constitucional de Colombia sobre prisiones (Sentencia T-153/1998; Sentencia T-388/2013 y Sentencia T-762/2017), y tiene como objetivo explicar los retos que supone la creciente juridificación de la vida en prisión, así como su impacto en la protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

Situación de salud de la población privada de la libertad en Colombia. Una revisión sistemática de la literatura

“…Los derechos de las PPL están orientados por los estándares mínimos de cumplimiento adoptados por la Asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas en su Resolución 45/111 del 14 de diciembre de 1990 (2). En el país, dichos estándares están protegidos por la Constitución Política, las garantías contempladas en el código penitenciario (Ley 65 de 1993 y Ley 1709 de 2014, que la modifica) (3,4), así como las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015 (5,6,7).…”